Alarma en la industria. El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado recortes para las subastas de interrumpibilidad a las que se presentan las grandes empresas consumidoras de electricidad -siderúrgicas, cementeras, papeleras etc- para pagar menos por su factura de energía. Para compañías en dificultades como Asturiana de Zinc (Azsa) o ArcelorMittal es un jarro de agua fría. Con la interrumpibilidad, las empresas aceptan desconectarse o limitar su actividad según las necesidades del sistema eléctrico. A cambio, pagan menos.
En concreto, la asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020 se celebrará entre los días 16 y 20 de diciembre. Se subastarán 1.000 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores, lo que representa menos de la mitad de los 2.340 MW que fueron asignados en la última subasta, que ya supuso un duro golpe para la industria.
Además, tan solo se pondrán en juego bloques de producto de 5 megavatios, con un total de 200 a subastar, según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No habrá en esta subasta de interrumpibilidad bloques de 40 megavatios, los más importantes para la gran industria.
Recomendaciones
En su resolución, el Ministerio para la Transición Ecológica señala que para la subasta se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la solicitud de la Comisión Europea de modificar la metodología de cálculo de necesidades de cobertura.
Los recortes se anuncian cuando está pendiente todavía la aprobación de un estatuto de gran consumidor que atienda las necesidades de los grandes consumidores industriales. Industria perdió una carrera contra el reloj este año y no pudo cumplir el objetivo de aprobar un estatuto favorable a la industria antes del fin de la legislatura. Todo en medio de anuncios de cierres, expedientes de regulación y recortes de producción de grandes compañías como Alcoa o Arcelor, que se quejan, entre otras cosas, de la carestía de la electricidad.
Gestiones políticas
Para empresas como Celsa, la propia Alcoa, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Solvay, Atlantic Copper, Air Liquide o Ercros, el estatuto es clave. Todas están atentas al resultado de las gestiones políticas que pueden traducirse en partidas de los presupuestos y en más dinero para rebajar su factura energética. Por si acaso, mantienen la presión.
El Gobierno Sánchez elaboró el proyecto de consumidor electrointensivo para evitar medidas drásticas de las industrias, pero la amenaza no ha desaparecido. El proyecto incluía medidas para abaratar la factura de las grandes empresas como la exención de su aportación en el pago de los sistemas de capacidad que cobran las eléctricas por tener potencia sobrante y la regulación de contratos bilaterales con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas. El proyecto ha sido reelaborado.
El Estatuto es vital porque las empresas saben que el apoyo que reciben por la vía de la interrumpibilidad, cuando cobran por desconectarse de la red eléctrica cuando es necesario, es un sistema destinado a desaparecer por la presión de Bruselas y que está dejando de manar: la última subasta celebrada en diciembre de 2018 repartió apenas 186 millones, tras años en los que la media superaba los 500 millones.
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