Industria enfría el interés por Alcoa de grupos como Alibérico al bajar poco la luz

De momento, es un intento fallido. El Ministerio de Industria ha sacado a consulta pública el borrador de Estatuto del Consumidor Electrointensivo para rebajar la factura eléctrica de la gran industria. Es la palanca para evitar cierres como los anunciados por la multinacional Alcoa en Avilés y A Coruña, que amenaza con extender a la factoría de San Ciprián (Lugo). Pero hay un problema: las grandes empresas aseguran que las medidas del estatuto apenas rebajarán la factura global de la energía que consumen en 112 millones de euros, cuando la normativa europea permitiría más que duplicar esa cifra. Con el debate sobre la mesa, fuentes conocedoras de las negociaciones en torno al cierre de Alcoa aseguran que la iniciativa de Industria ha enfriado el interés de por las factorías amenazadas de cierre.

Entre esos grupos inversores interesados está el grupo Alibérico, del empresario Clemente González Soler, según apuntan fuentes de las administraciones autonómicas afectadas por los cierres. La Información trató de contrastar ese interés con la empresa, sin éxito. Las mismas fuentes señalan que el Estatuto de Consumidor Electrointensivo diseñado por el departamento de Reyes Maroto ha dejado fríos a los posibles inversores. Industria sostiene, por el contrario, que hay hasta ocho grupos interesados.

La clave está en que la gran industria esperaba más de las medidas anunciadas a su favor. Las empresas agrupadas en la asociación AEGE llegan a la queja. Según afirman, las iniciativas contenidas en el borrador de Industria (reducción de la parte de la factura dedicada a interrumpibilidad y pagos por capacidad) apenas si suponen una rebaja de 2€ MWh cuando, con datos de 2017 y de 2018, el precio final que pagaron los industriales españoles fue 20€/MWh más que el de sus colegas franceses y 25 €/MWh que el de los alemanes.

Interés por las plantas amenazadas

Con esas cifras, el interés por las plantas de Alcoa decae. El precio de la electricidad es fundamental para cerrar cualquier posible traspaso. Los interesados, entre ellos el grupo Alibérico, no darán el paso sin rebajas más atractivas, según señalan fuentes al tanto de los contactos con inversores. El grupo Alibérico, propietario de tres plantas que en su día pertenecieron a Alcoa-Inespal en Sabiñánigo, Linares y Alcalá de Henares, ya intentó hace tres años hacerse con las factorías de la multinacional estadounidense en A Coruña, San Cibrao y Avilés. No salió adelante, pero el interés no se apagó por completo.

Los Gobiernos autonómicos de Asturias y de Galicia esperaban que el Ministerio de Industria aceptara en mayor medida las demandas de la industria electrointensiva para evitar los cierres de las factorías de Alcoa, que supondrían un duro golpe para las economías de las comarcas afectadas. Pero el borrador de Estatuto Electrointensivo se ha quedado corto y Alcoa ha extendido la amenaza de cierre a la factoría de San Ciprián, en Lugo.

Una patata caliente

Para los Gobiernos de Galicia y de Asturias es una patata caliente. Miran hacia el Gobierno y recuerdan que sólo por subastas del CO2, el Estado va a ingresar 1.100 millones de euros. Explican en ese sentido que la normativa europea  permite utilizar hasta un 25% de la recaudación para compensar a determinadas industrias de los costes indirectos del CO2. Pero el dinero ya tiene destino. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, explicó en el Congreso que de los 1.100 millones del CO2, 1.000 millones irán a sufragar el sistema eléctrico y 100 millones serán para actuaciones de transición energética.

La pelea de los industriales y la energía viene de lejos. Desde al menos el año 2012, Alcoa ha reclamado que se mantenga la cláusula que firmó en 1998 con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para adquirir Inespal por 410 millones de dólares de los de entonces. La cláusula, que fuentes al tanto de aquel proceso califican de "secreta", garantizaba un precio máximo de la energía para el proceso de producción de aluminio (electrolisis) y estipulaba que la SEPI se hacía cargo de la diferencia si la factura se disparaba.

De aquel compromiso sólo se dijo que recogía precios de referencia en el proceso de electrolisis de 3,8 pesetas (cinco céntimos de euro) durante 10 años y 4,24 pesetas para otros cinco. Pero además, la SEPI se comprometía a propiciar contratos favorables de Alcoa con las eléctricas y a asumir la factura si los precios de la electricidad se disparaban por encima de un determinado nivel. La cláusula, según sostienen fuentes de la Administración conocedoras de aquel proceso, nunca se ha hecho pública en todos sus detalles. Pero pesa.