La industria se queja por la escalada de los precios de la electricidad. Las grandes compañías productoras de acero, agrupadas en la asociación Unesid, calculan que el factor energía encarece en 20 euros cada tonelada producida respecto a competidores como Francia. Es un peso añadido de 300 millones anuales que resta competitividad y que pone en riesgo el objetivo de la UE para que el sector industrial represente el 20% del PIB en 2020.
Para abaratar el recibo y favorecer la competitividad, las empresas proponen 'limpiar' la factura y pasar a los Presupuestos Generales del Estado aquello que no tiene que ver directamente con el precio de la energía: primas a las renovables, compensación de los sistemas extrapeninsulares o las subvenciones al carbón entre otros apartados.
La inquietud por las perspectivas del mercado energético con la llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando iniciativas empresariales de debate en comunidades muy afectadas por la transición energética como Asturias, según confirman fuentes de la administración del Principado.
Tres causas de inquietud
La preocupación de las grandes empresas por la carestía de la electricidad no es nueva. Pero ha aumentado por tres razones: el sistema de subastas de interrumpibilidad, que ha recortado los descuentos que obtenían por aceptar desconectarse de la red en caso necesario; la subida de precios en el mercado mayorista de electricidad en los últimos meses, y el cambio de Gobierno, que cuestiona la generación eléctrica con nucleares y con carbón, lo que podría subir aún más los precios a corto plazo.
La inquietud no afecta sólo a la industria del acero, sino a todas las empresas para las que el factor energía es fundamental en la cuenta de resultados: siderúrgicas, cementeras, papeleras, azulejeras, etc. Todas reclaman el reconocimiento de la figura de "consumidor electrointensivo" que ya existe en Francia o Alemania y que conllevaría el reconocimiento de incentivos a las empresas más allá de los pagos por interrumpibilidad.
La evolución de los precios de la electricidad no ayuda a calmar las aguas. Los récords se suceden en este primer semestre: segundo mayo más caro en la historia del Mibel; el junio más caro en una década, y el segundo trimestre más caro desde 2008. El precio promedio desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2018 ha sido de 52,05 €/MWh, 5,04 €/MWh más alto que el precio promedio del mismo trimestre de 2017. Un aldabonazo.
"Tenemos un problema", resumió el director general de Unesid, Andrés Barceló, en un encuentro con los medios al asegurar que en 2017, el precio en el mercado mayorista de electricidad en Alemania fue, de media, 13,8 euros MWh más barato que el español. "Se resienten resultados e inversiones", concluyó. El presidente de la asociación, Bernardo Velázquez, concretó las necesidades del sector: precios "estables" y "predecibles". Y más baratos.
Una mercancía más
La gran industria reclama precios más bajos porque considera la energía una mercancía más y, como tal, sujeta al juego de oferta y demanda con el consumidor: a más consumo, mejor trato. Hasta 2014, la industria se beneficiaba de rebajas en la factura por la mera disposición a desconectarse de la red en caso necesario -interrumpibilidad-. El apoyo era importante: en una década, los consumidores -el manantial del que surgen todos los apoyos- contribuyeron a ese apoyo con más de 4.700 millones.
El sistema de interrumpibilidad se reformó hace cuatro años, entre otras cosas, para tratar de disipar los recelos de Bruselas sobre un mecanismo que muchos consideran una subvención encubierta. La reforma, que estableció un sistema de subastas muy polémico no gusta a las empresas. "No ha contentado a nadie y va a peor", aseguró Barceló. Por eso demandan "un marco estable" e instrumentos de apoyo vía precios que, como en el caso de Alemania, sean admitidos por Bruselas. Aunque sea a regañadientes.
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