Siempre que pasa igual, sucede lo mismo. En 2014, la multinacional del aluminio Alcoa presentó un ERE en sus factorías españolas tras quejarse del elevado precio de la electricidad y de la desaparición de la tarifa industrial (G4). Esta semana, la compañía ha anunciado el cierre de las factorías de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). Los motivos, según la compañía: el precio de la energía y de las materias primas, además de otros factores externos.
El de Alcoa no es un movimiento aislado. Arcelor Mittal ha anunciado paros temporales de actividad en sus líneas de galvanizado en Avilés y la inquietud se extiende a otras empresas para las que el precio de la luz supone hasta el 45% de sus costes de producción. En Galicia y en Asturias, la atención está puesta en empresas como Ferroatlántica, Megasa o Celsa.
Los anuncios de paros y de cierres suceden cuando el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), prepara la nueva subasta de interrumpibilidad para empresas para el primer semestre de 2019. La interrumpibilidad es un sistema ideado para que las grandes empresas paguen menos por la luz. Hasta hace unos años, sólo tenían que firmar su disposición a desconectarse de la red en caso de necesidad, que era casi nunca. Por esa disposición, los consumidores han pagado casi 5.000 millones desde 2008, la misma cantidad en la que disminuyó el importe de su factura.
En 2014 y en 2017, el sistema se modificó. La interrumpibilidad se subasta. Ahora es una puja a la baja en la que las empresas compiten por la cantidad a cobrar y siempre que se comprometan a consumir al menos el 50% de la energía eléctrica en horas valle -noches, fines de semana, festivos...-. Las subastas se celebran cada seis meses y han logrado abaratar los importes finales. Bueno para los consumidores y malo para las empresas.
Con los precios de la electricidad disparados y los precios de la interrumpibilidad a la baja, el director general de Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, cree que "se ha formado una tormenta perfecta, con los precios de la electricidad más altos en 10 años, con una rebaja de la interrumpibilidad del 40% respecto a 2017 y con un diferencial de precios con Alemania que llega a 13 euros MW".
Los sectores más afectados, según AEGE, son la metalurgia y la siderurgia. Todas las empresas añaden, además, una queja: los 150 millones que lograron introducir en los presupuestos de 2018 para compensar la factura eléctrica -y que asumió el nuevo Ejecutivo socialista- no se han cobrado. Están paralizados.
Una presión de meses
La presión de la gran industria no es nueva. Se venía anunciando en los últimos meses. El director de Operaciones de REE, Miguel Duvison, considera que el anuncio de cierre de Alcoa (700 empleos en Avilés y A Coruña) no tendrá impacto en lo que se refiere a la garantía de suministro. REE prepara la próxima subasta de interrumpibilidad. Según Duvison, no se esperan grandes cambios respecto a la precedente, en la que se subastaron 2.600 MW entre 131 empresas. El coste fue de 275 millones.
La presión sobre el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa las demandas del sector industrial para ganar competitividad. Las empresas agrupadas en AEGE -Alcoa, Acerinox o Arcelor Mittal entre ellas, hasta un total de 26- reclaman la creación de la figura de "consumidor electrointensivo" que ya existe en Francia o Alemania y que conllevaría el reconocimiento de incentivos a las empresas para complementar los pagos por interrumpibilidad, en ningún caso sustituirlos.
Un sistema que no gusta
No hay soluciones fáciles. Las subastas no gustan. Bruselas recela y España está bajo la lupa de la Comisión Europea, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Irlanda y Croacia por utilizar mecanismos en el sistema eléctrico para favorecer indebidamente a productores y empresas.
También la CNMC está incómoda con el sistema. En el último informe publicado en abril y referido al sistema de subastas hasta fin de año, Competencia afeó la nula disposición del anterior ministro de Energía a cambiar el sistema. "Durante el primer periodo (enero-mayo) el Ministerio de Energía (MINETAD) no ha llevado a cabo la anunciada revisión del mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la normativa europea" sostenía en el informe, y concluía: "La CNMC ya advirtió al MINETAD el pasado noviembre sobre el elevado coste que implica este mecanismo" y "considera que estas subastas son complejas y que sus costes triplican las del gas y electricidad".
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