El compromiso existe. Pero se ha quedado colgado de las urnas, las papeletas y las negociaciones para formar Gobierno. Hace mes y medio, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, y la secretaria de organización del PSOE, Adriana Lastra, se comprometieron en Asturias a elevar las ayudas compensatorias a la industria por costes de emisiones indirectas de CO2 de 91 a 200 millones de euros. Era el salvavidas de urgencia para evitar el cierre de las factorías de la multinacional Alcoa en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). Pero el dinero no llega y las empresas reclaman que Hacienda "libere" cuanto antes los 110 millones prometidos.
El último empresario en mostrar su inquietud por el retraso en el pago de los 110 millones -aunque que no el único- ha sido Vicente Nomdedeu, presidente de la patronal de los fabricantes de azulejos Ascer y de la empresa Azteca Cerámica (Alcora). En un encuentro informativo, Nomdedeu explicó que la partida está comprometida, pero "parada". Otras fuentes empresariales dan por hecho que los más de 100 millones llegarán a las empresas tras la autorización de Hacienda, que reclaman con urgencia.
Los retrasos en el pago de ayudas y también en la tramitación del estatuto de consumidor electrointensivo no han contribuido a calmar la inquietud en torno a los cierres anunciados hace nueve meses por la multinacional del aluminio Alcoa en Galicia (A Coruña) y Avilés (Asturias). Los trabajadores mantienen la marcha de 12 etapas hasta Madrid para evitar los cierres previstos el 30 de junio en un ambiente de desconfianza en torno a las dos ofertas presentadas por Alcoa: la del fondo alemán Quantum y la del suizo Parter Capital.
Las ofertas y su solidez
El futuro de las ofertas no está claro. Fuentes de la Administración del Principado explican que una de las dos, supuestamente la del alemán Quantum, sólo se dirige a la actividad menos dependiente del precio de la electricidad, la fundición. No estaría interesada en la actividad de electrólisis, la más intensiva en energía. En otras palabras, la oferta alemana sólo salvaría a la factoría de Avilés. La oferta suiza, por el contrario, se dirige a las dos instalaciones, la asturiana y la gallega, pero, al menos en Asturias, hay dudas sobre su solidez.
La hoguera está en Alcoa porque faltan días para que se cumpla el plazo para el cierre. Pero el fuego alcanza a otras muchas empresas. Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Solvay, Atlantic Copper, Air Liquide, Ercros o Celsa también están pendientes de las decisiones que pueda adoptar el nuevo Gobierno para recortar su factura eléctrica.
Toca revisar el trabajo hecho. El Ministerio de Industria va a reelaborar el borrador de estatuto de consumidor electrointensivo que reclama la gran empresa. Así se lo comunicó el mes pasado el secretario general a una amplia representación del mundo empresarial e industrial en una cumbre a la que también asistieron la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO.
La amenaza sigue
El Gobierno todavía en funciones elaboró el proyecto de consumidor electrointensivo para evitar medidas drásticas de las industrias, pero la amenaza no ha desaparecido. El proyecto incluía medidas para abaratar la factura de las grandes empresas como la exención de su aportación en el pago de los sistemas de capacidad que cobran las eléctricas por tener potencia sobrante y la regulación de contratos bilaterales con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas.
Ni a la CNMC ni a Bruselas les convenció el plan. Fuentes del Ministerio de Industria admiten que hay y habrá nuevos contactos con Bruselas y se solicitará de nuevo la opinión -no vinculante- de la CNMC. La Comisión Europea, según fuentes al tanto de las conversaciones, cuestiona aspectos como los pagos a las empresas por acceder a desconectarse de la red en caso necesario (interrumpibilidad). En su lugar, prefiere fórmulas a la alemana, con mecanismos para compensar a las empresas por los costes del desarrollo renovable.
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