Las industrias que utilizan el gas en sus procesos de producción se han anotado un tanto. La asociación Gas Industrial, que agrupa grandes industrias -papeleras, siderúrgicas, cementeras, azulejeras, etc.-, se reunió el lunes 16 de diciembre con el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada; con el secretario del consejo, Joaquin Hortalá, y con técnicos del organismo para mostrar su rechazo a la última redacción de las circulares que afectan al sector gasista y que rebajan sustancialmente los recortes que había planteado en principio el regulador a la retribución de las empresas suministradoras.
Gas Industrial informó a Marín de que las empresas afectadas, entre las que se cuentan compañías como Ence, Sidenor, Azucarera, Atlantic Copper, Fertiberia o Iberpapel, se plantean la posibilidad de actuar en Bruselas para denunciar como ayudas de Estado las retribuciones autorizadas por la CNMC para las grandes compañías gasistas. La asociación no se limitó a exponer sus argumentos verbalmente. El mismo día 16 envió una carta a todos los consejeros de la comisión detallando su posición. La presión tuvo éxito. La CNMC tenía previsto aprobar los peajes el miércoles 18 de diciembre, pero ha decidido aplazar la aprobación hasta el próximo año.
Las empresas se quejan de que la industria sufre "una insoportable desventaja competitiva por los costes regulados del gas". Sostiene que en los últimos diez años, los peajes que paga la industria se han incrementado más de un 63%. Y ligan esos elevados peajes con unas empresas gasistas sobrerretribuidas. La industria apunta con el dedo a compañías como Naturgy o Enagás apoyándose en documentos elaborados por la propia CNMC, como las memorias que acompañan sus propuestas. Esas memorias, según destaca Gas Industrial, recogen que “las empresas distribuidoras están percibiendo de manera global una sobrerretribución anual de 586,4 millones de euros, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran amortizados".
Las primeras propuestas
Las quejas por la carestía de la factura del gas animaron a los grandes consumidores industriales a apoyar las primeras propuestas de la CNMC que recortaban sustancialmente la retribución de las compañías distribuidoras. La industria no ve con buenos ojos que Competencia -en contacto con el Gobierno- haya rebajado sustancialmente el hachazo al transporte y la distribución y plantee, además, sostener una metodología de peajes -destinados a costear el sistema- que consideran equivocada.
Hasta 11 asociaciones industriales mostraron un apoyo total a Marín y a la CNMC en el proceso de revisión y recorte de peajes. Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles hicieron llegar al presidente de la Comisión su respaldo y el de asociaciones como Unesid, AOP, Ascer o Feique .
La capacidad de presión de las industrias afectadas por los cambios en la regulación del gas es muy importante. La gran industria consume el 62% del gas y la factura que pagan por la materia prima se sitúa en 4.700 millones de euros anuales. Como las grandes empresas consumidoras de electricidad, que exigen la aprobación de un estatuto propio, los grandes clientes del gas se comparan con otros países de la UE para reclamar también un trato más favorable.
Menos recortes
El apoyo de la industria a la propuesta inicial de recortes de Marín no fue suficiente para que prosperara el ajuste. Finalmente, la CNMC propuso suavizar el recorte a la retribución regulada de gas natural planteado en su primera circular desde el 17,8% para el periodo 2021-2026 hasta el 9,6%. La nueva propuesta, al igual que los peajes, queda para enero. Competencia estará cerrada, de facto, hasta la primera semana del nuevo año.
Los grandes consumidores de energía no sólo están en alerta e inquietos por los precios del gas. Las industrias que más electricidad consumen también ser quejan por la desaparición progresiva de las ayudas que reducen su factura. El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado recortes para las subastas de interrumpibilidad en las que las empresas aceptan desconectarse del sistema eléctrico o limitar su actividad según las necesidades a cambio de pagar menos. Esta semana se adjudican 1.000 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores, lo que representa menos de la mitad de los 2.340 MW que fueron asignados en la última subasta, que ya supuso un duro golpe para la industria. De ahí los lamentos.
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