La industria no se rinde. Las grandes empresas consumidoras de gas han solicitado una nueva reunión urgente con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para defender los recortes planteados a las empresas gasistas por la dirección de Energía del organismo. Las asociaciones industriales -hasta 11, incluida la petrolera AOP-presionan en la semana decisiva de las negociaciones para que Competencia mantenga el hachazo de 3.000 millones entre 2021 y 2026. La industria maneja nuevos datos comparativos que sitúan a España como el país con el gas más caro tras superar a Portugal este mismo año. La sobrerretribución a las empresas de transporte y distribución de gas en el periodo 2014-2020 alcanzaría los 5.000 millones de euros, según los industriales.
Los grandes consumidores de gas quieren la reunión para aportar nuevos datos a sus razones. Sostienen que la industria española paga más por el gas que consume que cualquiera de sus competidores europeos. Más incluso que Portugal, que hace meses compartía el podio de la carestía con España, pero que el año pasado redujo sus tarifas de peajes un 16,3% de media.
Este año, Portugal las ha recortado de nuevo para el periodo 2019-2020, un 26,2% para la alta presión y un 24,8% para media. ERSE, el regulador portugués, acaba de publicar una comparativa de las tarifas de acceso a las infraestructuras de gas natural entre España y Portugal y en todos los casos los peajes son más caros en España. Es leña al fuego.
Del papel a los azulejos
Los informes elaborados por las asociaciones industriales ) papeleras, azulejeras, siderurgia, etc.) sostienen que una de las causas del grave diferencial de costes del gas reside en los peajes por el uso de las infraestructuras. Es consecuencia directa del modelo -vigente en España desde 2001- que define la retribución de las compañías que realizan las actividades reguladas y los ingresos que provienen de los consumidores, muy lejos de los modelos de otros países de la UE en estructura y en precio.
La batalla del gas está en todo lo alto. La CNMC, dividida, quiere aprobar la circular que afecta a distribuidoras y transportistas de gas antes de fin de año y esta semana puede ser decisiva. Se enfrentan dos ideas en la reforma. Por un lado, la de los consejeros partidarios de suavizar los recortes de la retribución (basándolos en el volumen de negocio de las empresas); por otra, los partidarios de aplicar el recorte y de modificar la base de cálculo teniendo en cuenta los activos de las compañías. Dos partes enfrentadas que encabezan respectivamente la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, y el presidente del organismo, José María Marín Quemada.
En ese marco de presiones y negociaciones, con mensajes al Gobierno a través de los Ministerios de Transición Ecológica y de Economía, la industria ha decidido intensificar el pulso. Las empresas piden que la CNMC mantenga el tipo en los recortes y no ceda a las presiones del sector. No sólo eso, sino que defienden adelantar el recorte a 2021 y aplicarlo en su totalidad. Ese adelanto, según detallaron en las alegaciones que presentaron el verano pasado ahorraría a los consumidores en ayudas injustificadas unos 1.500 millones de euros entre 2021-2026.
Duelo de informes
Asociaciones como Ascer -fabricantes de azulejos-o empresas como Fertiberia han destacado cómo en España un productor equivalente paga el doble por el gas que uno francés, seis veces más que uno alemán y ocho veces más que un italiano. En el caso de Fertiberia, el diferencial de precios es el que llevó a la compañía a trasladar fuera del país inversiones para atender algunos de sus procesos productivos.
Los números de las empresas afectadas por los recortes son muy distintos. El informe que la patronal gasista encargó a la consultora PwC sostiene que tras la reforma del sector gasista en el año 2014, la retribución a las redes ha caído hasta un 15% "haciendo que la factura de gas natural doméstica e industrial sea competitiva contra la de otros países de la UE".
La asociación Gas Industrial no se lo cree. Su directora, Verónica Rivière aclara que toda la disputa tiene como fin "que la tasa de retribución financiera que apliquemos en España, de manera similar a los países y empresas comparables de nuestro entorno, esté de acuerdo con el riesgo real de los mercados y del país, teniendo en cuenta la muy baja necesidad de inversiones del sistema gasista en España". Una carga de profundidad para empresas como Naturgy o Enagás.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios