Un informe de la CNMC sobre las viviendas turísticas destaca los efectos positivos de este tipo de alojamientos y compara las diferentes normativas que existen en otros países con el batiburrillo legal que existe en España. La mayoría de los 21 países que son objeto de estudio solo establecen restricciones en el caso de segundas viviendas, dejando a elección del propietario los arrendamientos de las residencias habituales y esta parece ser la senda a seguir que Competencia quiere para España que actualmente posee un marco "altamente restrictivo".
De hecho, el regulador destaca que solo existen cinco países europeos que cuentan con normativas "muy restrictivas". Es el caso de Malta, Croacia, Hungría, Alemania y Grecia, naciones en las que los requisitos de acceso al mercado impiden que plataformas al estilo Airbnb o HomeAway crezcan como lo hacen en otros lugares del mundo y que, según el propio informe, el mercado vacacional mejore.
París, ciudad que, según el estudio, ha aumentado más el número de apartamentos turísticos desde el año 2008 -ya supera los 60.000- se encuentra bajo las normas conjuntas de Francia. El país de Emmanuel Macron apenas establece límites para la utilización como vivienda turística del primer domicilio e impone compensaciones económicas por la pérdida de suelo residencial en el caso de que se trate de segundas propiedades. Además, otro de los puntos en los que París coincide con la mayoría de las ciudades europeas es la imposición de una tasa turística -entre los 0,57 euros de Praga y los 3 euros de Bruselas- que la plataforma se encarga de recaudar.
Hace unos meses la Comisión Europea también ponía sobre la mesa un informe sobre la regulación de este tipo de viviendas turísticas y concluía que los modelos legislativos de Londres y Ámsterdam eran los mejores "ejemplos de buena praxis".
Según los datos de la CNMC, la capital británica llevó a cabo una reforma de su legislación en el año 2015 para eliminar las restricciones sobre la utilización de la propiedad residencial como vivienda turística. De este modo, se eliminó la necesidad de licencia o cambio de uso dejando como único requisito la no superación de 90 noches de alquiler.
Ámsterdam sigue la línea de Londres y deja a elección del propietario la cesión como vivienda turística de las primeras residencias. Además, si este tipo de uso se extiende menos de 60 días al año es considerada como una actividad no profesional, por lo que no está sujeta a obligaciones adicionales. La plataforma Airbnb llegó en 2014 a un acuerdo con la ciudad por el que recaudaría un impuesto en nombre de los propietarios de los inmuebles para hacerlo llegar a la ciudad.
En cambio, otras ciudades como Estocolmo establecen la obligación de tributar por el arrendamiento de viviendas vacacionales a partir de una recaudación mínima o un número de noches concretas. Países como Grecia también marcan un número máximo de viviendas por propietario con el fin de salvaguardar el mercado.
Los pisos turísticos mejoran las ciudades
Competencia señala la popularización de plataformas digitales como Airbnb o HomeAway y la consiguiente expansión de las viviendas turísticas como un ejemplo beneficioso para el desarrollo de las ciudades. En su opinión, la proliferación de viviendas turísticas ha intensificado la competencia, ha rebajado los precios y ha aumentado la calidad de los alojamientos, lo que supone aumentar la accesibilidad de un sector de la población que de otro modo no podría irse de vacaciones, tal y como señala en el informe sobre vivienda turística.
Además, el regulador destaca que la proliferación de pisos vacacionales no influye sobre el precio de la vivienda tal y como señalan algunos colectivos, por lo que recomienda eliminar restricciones especialmente graves en su regulación. Algunos ayuntamientos han tratado de imponer -por ahora sin éxito- restricciones a este servicio como la prohibición de licencias, la aplicación de moratorias, el establecimiento de cupos por zonas, la limitación de la duración de la estancia o la fijación de tamaños y precios que, de acuerdo con el regulador, no favorecen el libre mercado.
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