La diferencia de normativa en los pisos turísticos, en el punto de mira del PSOE

  • En España existen hasta 17 normativas diferentes a las que habría que sumar las disposiciones municipales de las ciudades receptoras de visitantes. 
La CNMC cree que Airbnb y Homeaway no deben informar al fisco.
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EFE

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo planea una 'hoja de ruta y directrices' para evitar el 'batiburrillo' actual en torno a la legislación de los apartamentos turísticos en las diferentes comunidades autónomas. 

Este 'batiburrillo' del que habla la ministra se debe a la existencia de 17 normativas diferentes, una por cada comunidad, a las que habría que sumar las numerosas disposiciones municipales presentes en las principales ciudades del país. Cada una de ellas, regula las viviendas de este tipo con más o menos restricciones en función de, sobre todo, el número de alojamientos o la afluencia de visitantes. 

Todas coinciden en un campo: la estancia mínima. Ninguna de ellas regula el tiempo mínimo de permanencia de los turistas en la vivienda. La Comunidad de Madrid lo hacía hasta hace dos años, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló esta medida al considerarla una restricción de la competencia que no está justificada en la protección al usuario turístico.

Más allá de esta medida, el resto de las restricciones son completamente diferentes entre una y otra comunidad autónoma. Los campos en los que más varían son la estipulación de una estancia máxima y la posibilidad o no de alquilar el inmueble por habitaciones. Las Comunidades Autónomas tratan así de establecer diferencias entre la economía colaborativa que implicaba en un principio este tipo de arrendamientos y la actividad turística tradicional. 

Las zonas receptoras de turistas por naturaleza, como las grandes ciudades o las zonas costeras, son las más restrictivas con este tipo de alojamientos. Palma de Mallorca se ha convertido en la primera ciudad de España en prohibir el alquiler de pisos turísticos y solo permitirá el arrendamiento turístico en casas aisladas o chalets. En el caso de la ciudad de Madrid, Manuela Carmena ha promovido un borrador con las medidas que exigirá el consistorio, entre ellas, el acceso directo de la vivienda a la calle

Otras ciudades como Bilbao y Oviedo solo permiten el alquiler turístico en bajos y primeras plantas y Valencia se propone imitar esta norma y además solo permite 45 días el plazo máximo anual para considerar el alquiler como vivienda turística. 

Algunas comunidades autónomas como Canarias se plantean prohibir el alquiler turístico para facilitar el desarrollo de suelo residencial, a pesar de que ayuntamientos y cabildos pueden fijar excepciones. 

Lo cierto es que las numerosas normativas existentes al respecto, establecen muy diversas restricciones sobre los alquileres turísticos y son, incluso, contradictorias en su aplicación. Es el caso de Andalucía, que cuenta con una ley autonómica y tres decretos que estipulan la necesidad de elementos de refrigeración o calefacción, la limpieza de la vivienda a la entrada y salida de los huéspedes y la existencia de un número de teléfono disponible para resolver cualquier incidente. 

En cambio, las viviendas turísticas de Castilla y León solo tienen como restricción la necesidad de una Célula de Habitabilidad, suministros, limpieza y un alquiler máximo de dos meses por huésped y vivienda. Lejos de las restricciones que aplican algunos ayuntamientos, la de Castilla y León es una de las legislaciones más laxas de España. 

Las medidas que estaría preparando el Ejecutivo de Sánchez vendrían a eliminar las grandes diferencias entre unas y otras comunidades autónomas, una de las grandes demandas de los profesionales del sector, a pesar de que aún no se conocen las implicaciones finales de esta medida.  

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