Era la crónica de una muerte anunciada. Han pasado casi cinco años desde que, el 5 de junio de 2013, entrara en vigor la Ley 4/2013, que modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y flexibilizaba la duración de los contratos de alquiler, que pasaba de un mínimo de cinco años a tres, y reducía la prórroga de tres a uno., lo que daba como resultado que los contratos de alquiler se podían mantener cuatro años. Durante ese periodo obligatorio, los arrendadores solo podían actualizar la renta conforme al IPC. Este año caducarán los últimos contratos que se firmaron antes de la reforma, cuando el mercado del alquiler estaba bajo mínimos.
Ahora, con la perspectiva de poder subir los precios, muchos propietarios están avisando a sus inquilinos de que disolverán el contrato para incrementar las rentas. Ante la impotencia de verse en la calle por no poder asumir estas subidas, cientos de ciudadanos están remitiendo sus quejas ante el Ayuntamiento de Madrid, que, desbordado, trabaja contrarreloj para poder dar una solución a los afectados. "De momento, las consultas sobre este tema superan las 500 en las últimas dos semanas", comentan fuentes de Consistorio.
"Es complicado estimar cuántas personas pueden estar finalmente afectadas, pero, según nuestros cálculos, podrían superar fácilmente los 6.000, aunque no a todos se les aplicarán estas subidas tan abusivas. La mayoría de los damnificados se concentran en el distrito Centro de Madrid, que es el que mayores incrementos en el precio del alquiler ha sufrido. Por las quejas que estamos recibiendo, la media de incremento que les piden los arrendatarios ronda los 300 euros en esa zona", continúan estas fuentes.
El alquiler se dispara un 35%
Tal y como señala un informe de Analistas Financieros Internacionales, el precio del alquiler ha crecido en Madrid algo más de un 25% desde 2013, aunque este incremento puede incrementarse hasta el 35% en determinadas zonas de Madrid. Solo durante 2016, aumentaron más de un 15%. Según idealista, el precio medio en Madrid rondaba 10,8 euros/m2 en 2013, cifra que se elevaba hasta los 12,8 en el barrio Salamanca, 12,4 en el distrito Centro o 12,2 en Chamberí. Ahora la media ronda los 16 euros/m2 y en Salamanca, Centro o Chamberí asciende a 18,5, 19 y 17,1 euros/m2, respectivamente.
Para frenar la subida de los precios del alquiler, desde el equipo de Carmena trabajan sin descanso desde que comenzara el año. "Estamos trabajando en una serie de medidas que transciendan este problema concreto, pero con la urgencia que esta casuística precisa. Nadie puede asumir unas subidas tan pronunciadas en apenas unos meses. Hay que encontrar una solución que satisfaga a todos", aseguran fuentes del Ayuntamiento, que, no obstante sostienen que todavía están debatiendo propuestas y "es pronto para dar nada como definitivo".
Entre estas medidas, reconocen, se encuadra la ya anunciada de suspender durante al menos un año la concesión de licencias para pisos turísticos en el centro de la ciudad. La decisión afectará a todas las modalidades de hospedaje "que se implantan como usos compatibles en edificios existentes de uso residencial". La intención del Ayuntamiento, tal como anunció en su día la alcaldesa Manuela Carmena, es que los pisos que se alquilan más de 90 días al año para los turistas tengan una licencia específica, como un restaurante o un bar, ya que tendrán la consideración de "negocio".
Por otro lado, el Consistorio también va a fijar el precio del alquiler de los pisos que los particulares ponen a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a través del servicio municipal de alquiler de viviendas 'Alquila Madrid', que actualmente gestiona algo más de 9.100 inmuebles en la capital. De esta forma, los técnicos municipales serán los que determinen el precio final del alquiler del piso, que será siempre más bajo que el precio medio en la zona donde se ubique, aunque renta máxima mensual de alquiler no podrá superar los 1.200 euros mensuales.
Las medidas de Carmena van en sintonía con lo propuesto por Podemos en materia de vivienda y que, en el seno del PSOE, se decantan también por apoyar. Así, la formación de Pablo Iglesias ha presentado un proyecto de ley que aboga por implantar un precio máximo en el alquiler de una vivienda en función de las características del piso, como su ubicación o el número de habitaciones, además de que el precio de la renta no se pueda incrementar más allá del IPC.
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