El objetivo es conservar inmuebles históricos

Carmena planea un plan antiWanda para frenar a magnates en edificios históricos

El Ayuntamiento sigue peleando con la Comunidad por elevar el blindaje del edificio España, donde Riu hará un hotel, que data de la etapa de Botella. 

Riu logra licencia de obras para el Edificio España de Madrid
Edificio España, donde Riu está preparando un hotel / EUROPA PRESS

Plan 'antiWanda' o cláusula antimagnates. El Ayuntamiento de Madrid no quiere que grandes fortunas extranjeras aterricen en la capital y que la regulación urbanística se adapte a sus deseos 'megalómanos', lo que supondría una transformación o demolición de determinados inmuebles históricos situados en lugares privilegiados. Por ello el consistorio que dirige Manuela Carmena está intentando blindar los edificios más representativos. Enmarcado en esta estrategia, el gobierno municipal está protagonizando una dura pelea con la Comunidad de Madrid por elevar la catalogación del famoso Edificio España, el inmueble situado a los pies de la Gran Vía que compró en su día el multimillonario chino Wang Jianlin, dueño de Wanda, y sobre el que planeó la demolición de la fachada.

Cuando el séquito de Wanda aterrizó en Madrid su principal objetivo era demoler la fachada del edificio España y construir una nueva de forma "exacta", según dijo el director general de Wanda Madrid, Michael Qiao, en 2015. Un año antes, y con Ana Botella al frente del consistorio, el Ayuntamiento aprobó gracias a la mayoría del PP la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que otorgaba una nueva catalogación al inmueble, pasando del nivel 2 de grado estructural al 3 de grado parcial. Esa decisión abría las puertas a un desmontaje de la fachada. Pero cuando el equipo de Ahora Madrid llegó al Palacio de Cibeles el proyecto del multimillonario chino comenzó a torcerse.

Wanda prometió más tarde que reconstruiría la fachada después de "desmontarla", pero el Ayuntamiento puso pegas. Finalmente, los chinos se retiraron del rascacielos y lo vendieron al grupo inmobiliario Baraka, de Trinitario Casanova, por 272 millones de euros (los asiáticos llegaron a perder 26 millones de euros). El empresario, a su vez, cerró un acuerdo con Riu para construir un hotel que abrirá sus puertas en el verano de 2019. Este proyecto, que sí conserva la fachada del edificio y cuyas obras se centran en el interior del inmueble, fue aceptado por el consistorio que le concedió la licencia de obra.

El objetivo del Ayuntamiento de Madrid es, por tanto, mantener la catalogación de los edificios históricos de la capital en un nivel elevado para evitar que multimillonarios extranjeros puedan hacerse con 'pelotazos' urbanísticos debido a cambios en los planes de ordenación urbana. Fuentes del consistorio aseguran a La Información que con un alto nivel de clasificación será más complicado que estas fachadas históricas puedan desaparecer del paisaje madrileño en grandes operaciones urbanísticas que se acometan en un futuro. Con el nivel 2 de catalogación sería suficiente para conservar las partes principales de estos inmuebles.

La batalla Ayuntamiento-Comunidad por el Edificio España

A día de hoy el Ayuntamiento de Manuela Carmena no logra torcer el brazo a la Comunidad de Madrid con el edificio España. El consistorio ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio que el inmueble recupere ese nivel 2 de protección que tuvo entre los años 1997 y 2014, pero el Ejecutivo autonómico se niega a conceder la misma argumentando falta de justificación en la propuesta remitida. Las fuentes municipales consultadas afirman que seguirán peleando con la Comunidad hasta el final por el expediente de uno de los rascacielos más emblemáticos de la capital.

En Madrid existen tres niveles de protección de edificios históricos: el 1, que recoge la protección global del inmueble; el 2, que impide la demolición del aspecto exterior y las partes interiores más importantes; y el 3, que en principio protege la fachada principal y las laterales pero que es más permisivo y abre las puertas a la demolición. En el caso del Edificio España, el Ayuntamiento quiere recuperar el grado 2 para proteger toda la volumetría del inmueble y evitar así cambios de proyectos que puedan acabar con el aspecto tradicional del mismo. Este según nivel también garantizaría que se conservaran tanto los muros interiores como la distribución interior.

Canalejas, Calderón, Chamartín...

Otro proyecto urbanístico que supuso un reto para el Ayuntamiento de Carmena fueron las obras del complejo de Canalejas, donde se ubicaba la sede de Banesto. Era un patata caliente heredada de la etapa de Botella y lo que hizo el consistorio fue negociar con el grupo Villar Mir algunas modificaciones en el proyecto inicial para desbloquear la situación. Así, la constructora aceptó recudir la edificabilidad y recortar el número de pisos de lujo, las habitaciones de hotel de la cadena Four Seasons y los metros cuadrados del centro comercial, así como la estación subterránea de autobuses. La fachada original se ha mantenido en todo momento, pero todas las 'tripas' del edificio se tiraron. En el consistorio están satisfechos con un acuerdo que evitar un impacto visual radical en la confluencia de las calles Sevilla y Alcalá, donde estaba el despacho del exbanquero Mario Conde.

El diario El País localizó hace unos meses más de una veintena de edificios protegidos de Madrid que habían sido modificados o, directamente, derribados en épocas del PP en el Ayuntamiento. Por este motivo el consistorio de Carmena -aseguran- es tan combativo a la hora de otorgar las licencias de obra ante la posibilidad de que los proyectos de los constructores alteren de manera inevitable el aspecto visual de la ciudad. 

Otros proyectos que han sufrido vaivenes tras la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento han sido la llamada Operación Calderón, a la que se dio el visto bueno definitivo el pasado mes de diciembre tras sucesivas modificaciones en la edificabilidad, y el renacido Madrid Nuevo Norte, que ha sido autorizado recientemente tras la implicación personal del presidente del BBVA, Francisco González, con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

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