La polémica llega a los tribunales

Carmena y Cifuentes convierten Madrid en un campo de batalla por el urbanismo

La capital sufre retrasos en sus grandes proyectos, como la Operación Chamartín, por culpa de las disputas entre Ayuntamiento y Comunidad.

Carmena y Cifuentes
Carmena y Cifuentes

La alcaldesa de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid presumen de buena relación. Sin embargo, hay una 'patata caliente' que todavía no son capaces de solventar: el urbanismo. Desde que ambas mujeres ocuparan sus respectivos asientos, la polémica con respecto al desarrollo de la capital ha estado servida: la Operación Chamartín, la Operación Mahou-Calderón, el nuevo estadio de La Peineta, el proyecto Metropolitan en las cocheras de Metro de Cuatro Caminos o el Museo Ambasz son solo algunos de los ejemplos.

Las roces entre Cifuentes y Carmena comenzaron con la otrora conocida como Operación Chamartín y rebautizada como Madrid Nuevo Norte. Parecía a finales de julio definitivamente desbloqueada 24 años después de que se iniciara, pero el principio de acuerdo del 26 de julio entre Ayuntamiento, Ministerio de Fomento y BBVA sentó muy mal a la Comunidad de Madrid porque, decían, habían sido excluidos del proyecto. "Por parte del Ayuntamiento no se ha remitido a la Comunidad ni un solo dato de este proyecto, lo que dice muy poco de su espíritu de cooperación institucional", aseguraron en una nota.

Las críticas fueron más allá de un mero comunicado y el Gobierno de Cifuentes optó por la vía judicial, siguiendo adelante con un recurso que se presentó un año antes y con el que el Ministerio de Fomento había decidido no continuar tras el acuerdo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá decidir — tras aplazar la decisión el pasado 28 de noviembre — si se bloquea el acuerdo que reduce sustancialmente el número de viviendas con relación al plan de 2015, de 17.000 a 11.000 pisos, pero aumentaba la capacidad del sector terciario.

La Operación Mahou Calderón, en vilo por un error

Otra de las recientes polémicas ha sido la relacionada con la Operación Mahou-Calderón, que avanza a trompicones, a pesar de los obstáculos que ha ido planteando la Comunidad de Madrid, después de que el Plan original de Ana Botella fuera anulado por la Justicia y Carmena presentara un nuevo proyecto. Así, el Ayuntamiento tuvo que corregir, en un Pleno extraordinario, dos errores que había detectado el Ejecutivo regional en la redacción del expediente: el primero se refiere a la transcripción sobre el cálculo de las dotaciones previstas, consecuencia de la no adaptación del Plan General de 1997 a la Ley del Suelo de la Comunidad; y el segundo se refería al cómputo de los aprovechamientos urbanísticos al requerir la cifra de las dotaciones previstas.

El Ayuntamiento aprovechó la ocasión para cargar contra Cifuentes. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, dejó caer que la Comunidad de Madrid podría haber subsanado estos errores sin devolver el expediente, algo que hacía con Ejecutivos municipales del PP según el delegado, que se ha preguntado si el cambio de criterio, devolviendo tanto este expediente como el de La Peineta el pasado año, se debe a la "proyección mediática" de estos planeamientos. "Intentan generar una imagen de caos", insistió.

La zona del estadio Vicente Calderón acogerá finalmente un proyecto urbanístico con más zonas verdes, edificios con una media de 8 alturas en lugar de 20, y en el que la principal diferencia sobre el plan anterior es que la M-30 no se soterrará, sino que se cubrirá.

La Peineta, el origen del conflicto

Algo muy similar sucedió con el estadio de La Peineta. La Consejería de Medio Ambiente de la CAM decidió tumbar el proyecto remitido por el Ayuntamiento de Madrid después de que fuese aprobado en sesión plenaria. En el documento había un error a la hora de hacer los cálculos de metros edificables. Concretamente, en ocho de las 3.000 páginas del expediente figuraba que la parcela tiene 151.500 metros cuadrados, en lugar de los 151.000 que posee.

“A partir de ahí, el resto del planeamiento está mal. Se lo comunicamos al Ayuntamiento que trató de subsanarlo por la intermediación de un director general, pero no era posible. Es necesario que el expediente bueno sea ratificado por el Pleno", aseguró entonces un portavoz de la Consejería.

El convenio firmado entre el gobierno local y el club rojiblanco y que obligaba al Ayuntamiento a entregar todo el expediente de modificación puntual del plan general para tenerlo aprobado en marzo de 2017. El Ayuntamiento subsanó los errores y pudo aprobarse el proyecto, pero entre las filas de Ahora Podemos no gustó que se utilizara un cauce tan formal que hizo que el Consistorio tuviera que trabajar contrarreloj para cumplir los plazos a los que se habían comprometido y no tener que pagar al club una indemnización de cerca de 200 millones de euros.

La diferencia de altura en las cocheras

Por otro lado, el pasado junio, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el plan urbanístico para construir 443 viviendas en los terrenos de las cocheras de Metro en Cuatro Caminos, después de paralizar el proyecto durante dos años. El Consistorio justificaba esta demora en que la Cooperativa incumplía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la zona en cuanto al soterramiento de las cocheras ya que pretendían “enterrar y no soterrar” las vías y las cocheras, lo que elevaría la cota entre tres y seis metros sobre el nivel de la vía pública en algunas calles adyacentes.

Metro, dependiente de la CAM, aseguraba que lo que pedía el Consistorio era imposible de cumplir técnicamente, ya que existen otras infraestructuras en la zona que impedían bajar la cota de las cocheras y obligarían a los trenes a entrar en cuesta, algo imposible para este tipo de vehículos. Finalmente, se pudo llegar a una solución intermedia, que, sin embargo, ha provocado el enfado de los vecinos, quienes sostienen que seguirá existiendo una diferencia de altura con la calle “de entre dos y seis metros”, y el máximo permitido es de 1,5 metros.

El museo de la discordia

El último ‘encontronazo’ entre Carmena y Cifuentes ha sido a costa del Museo Ambasz, situado en el Paseo del Prado 30. En 2013, la entonces alcaldesa, Ana Botella, cedió el espacio público a la Fundación Ambasz, un convenio sin concurso previo por el que la iba a derribar el actual inmueble para levantar el Museo de Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAAMU). Para que esto fuera legal, rebajó el grado de protección del edificio de Nivel 2 (estructural) a Nivel 3 (ambiental), lo que permitía la obra de demolición siempre que el nuevo proyecto respetara los valores del espacio, cosa a lo que opone el actual gobierno municipal, que quiere elevar de nuevo la protección del edificio.

No obstante, la Comisión Local del Patrimonio calificó de viable el proyecto de la Fundación Ambasz al considerar que el edificio tenía un escaso valor histórico, con una mayoría de miembros de la Comunidad de Madrid, y los votos particulares en contra de los del Ayuntamiento, que es quien debe conceder los permisos oportunos. Para impedir que se lleve a cabo, Carmena ha presentado de nuevo un informe, realizado por los servicios técnicos del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que defiende el mantenimiento del edificio. “Tras estudiar en profundidad toda la documentación disponible, el informe destaca la importancia histórica y arquitectónica del inmueble”, aseguran.

La cuestión, todavía por resolver, se complica si se tiene en cuenta que el inmueble se encuentra actualmente okupado por el grupo bautizado como La Ingobernable que pide un uso más social para la ciudad de Madrid.

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