La Comunidad de Madrid ha decidido tomar las riendas del negocio de los pisos turísticos. El Gobierno de Cristina Cifuentes obligará a que las viviendas cuenten con un certificado de idoneidad previo para poder ponerlas en el mercado. Hace unos días era el Ayuntamiento de la capital el que anunciaba que los particulares que alquilen su vivienda con fines turísticos 90 días al año o más necesitarán una licencia.
La nueva normativa supone una vuelta de tuerca adicional al negocio de plataformas como Airbnb o HomeAway en la región, pero también a los propietarios, que pueden tener que pagar hasta tres veces por alquilar su inmueble con fines turísticos: por el certificado previo, si lo alquilan 90 días o más en Madrid capital y al año siguiente en su declaración por las rentas obtenidas.
El certificado en cuestión es un documento técnico con el que la Comunidad pretende garantizar que los pisos turísticos cuentan con los parámetros necesarios para ser ofertados, tal y como recoge el borrador del decreto que pretende poner en marcha el Gobierno regional y que sustituirá a otro de 2014. Madrid no es la única región, ni España el único país que pretende poner freno a los alquileres turísticos ilegales.
Pueden presentarse alegaciones al texto
El texto, al que durante 15 día hábiles se pueden presentar alegaciones, crea el Certificado de Idoneidad para las viviendas de Uso Turístico (CIVUT), que podrá ser expedido por un arquitecto o ingeniero y permitirá a los propietarios de inmuebles dar de alta sus viviendas en el Registro de la Comunidad de Madrid.
"Se trata de un documento que certificará que el inmueble en cuestión cumple con todos los requisitos fijados por la normativa. De este modo, se ofrece seguridad no sólo a los consumidores, sino también a los propietarios y al vecindario en el que se ubique la vivienda", explica el Gobierno regional en un comunicado.
El borrador del decreto también define a las plataformas digitales que ofrecen el alquiler de estas viviendas como "empresas turísticas", por lo que estarán obligadas a cumplir la legislación y tendrán tanto derechos como obligaciones.
Las plataformas deberán responsabilizarse de publicitar en sus webs sólo aquellas viviendas que estén dadas de alta en el Registro de la Comunidad de Madrid y si no cumplen con esa obligación, la administración autonómica podría abrir expedientes disciplinarios, que, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Turismo, podría suponer la imposición de sanciones de hasta 300.000 euros.
Los propietarios de las viviendas turísticas estarán obligados a garantizar la seguridad de la actividad, por lo que deberán remitir a la Dirección General de Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en ellos.
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