Planificadas 300 viviendas sociales

Colau intenta maquillar el desplome de la vivienda cediendo solares a cooperativas

La mayoría de los solares se traspasan como gestión de uso, es decir, el Ayuntamiento no pierde la titularidad del suelo.

Barcelona ciudad
Imagen de la ciudad de Barcelona.

El precio medio de la vivienda terminada en la ciudad de Barcelona ha caído un 1,7% desde el pasado 1 de octubre. Este descenso se agrava en el caso del mercado inmobiliario 'premium', en el que los precios se han rebajado en torno al 20% y la demanda un 50%. Mientras, Ada Colau, apuesta por ceder suelo a cooperativas cuyo objetivo sea la vivienda social y los proyectos de propiedad colectiva. "Es un intento de maquillar la caída de actividad que está sufriendo Barcelona por culpa de la inestabilidad política, a la que también desde el Ayuntamiento se ha contribuido", critican fuentes del sector.

Así, el Ejecutivo de Colau ha apostado muy fuerte por este tipo de vivienda. De un lado, ha convocado dos concursos públicos con la licitación de un nuevo paquete de cuatro solares destinados a la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible para entidades sin ánimo de lucro y fundaciones, y de venta del derecho de superficie para cooperativas, que albergarán 300 viviendas con protección pública de obra nueva.

Los solares están ubicados en la avenida del Escolapi Càncer número 27-33, en el barrio de Torre Baró, en el distrito de Nou Barris; en la calle Bolívia número 23-27 y 29, en el barrio del Parc i la Llacuna del Poblenou, en el distrito de Sant Martí; en la avenida del Estatut de Catalunya número 15-17, en el barrio de Horta del distrito de Horta-Guinardó, y en la calle Aiguablava número 74-76, en el barrio de la Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris. Otro tanto ocurrió con el solar situado en el número 49 de la calle Princesa (Ciutat Vella), donde el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la cooperativa Sostre Cívic para levantar 5 viviendas de cesión de uso.

Con este nuevo modelo, el Ayuntamiento no pierde la titularidad del suelo, porque lo que vende a la cooperativa es el derecho de superficie por un periodo de 75 años, ampliable a 90, y así la cooperativa solo tiene derecho sobre lo que se construye, y pasado el periodo, el consistorio pasa a ser propietario de todo. El calendario de estos proyectos prevé que los trámites administrativos de la convocatoria y resolución del concurso se prolonguen hasta la primavera, para que se puedan tramitar las licencias de obras este mismo año.

Según se quejan fuentes del sector, si bien la vivienda protegida es indispensable, esta forma de gestión solo perjudica al mercado inmobiliario que, pese a la bajada de precios, uno de sus principales handicaps a la hora de emprender nuevos proyectos es la falta de suelo finalista en la Ciudad Condal. "Entendemos que es importante favorecer el acceso a la vivienda, pero este tipo de cesiones solo paralizan el mercado inmobiliario, impulsor en gran medida de la riqueza de la ciudad. Es una forma de maquillar el hecho que las políticas de Colau y la crisis secesionista han dañado al sector", comentan estas fuentes.

Para evitar la especulación

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento defienden la idoneidad de estas medidas. "Se evita de esta manera que la vivienda construida y promocionada para cooperativas acabe en el mercado libre al cabo de los años y sea objeto de especulación inmobiliaria para revenderse a precios de mercado libre, garantizando el uso público y destino social", mantienen.

Además, critican, estas viviendas acaban alcanzando unos precios muy por encima de lo habitual en las de protección oficial. "Por ejemplo, 26 viviendas con régimen de derecho de superficie que se están construyendo en Can Batlló tienen un precio que va desde los 126.200 euros por 53,8 metros cuadrados a los 193.124 euros por una superficie de 91,10 metros. Además, es obligatorio comprar trastero y plaza de garaje, lo que incrementa el precio en más de 23.000 euros", detallan.

"Un mileurista, que es para quienes están destinados estos pisos, según Colau, no puede acceder, más que nada porque para comprarlos debes acreditar una renta mínima de 19.880,38 euros y un máximo de 64.611,24 euros anuales. La protección oficial en régimen de derecho a superficie consiste en construir viviendas en un solar público, se supone que debería reducir el precio de los pisos más de un 20%, cosa que no está ocurriendo. Todo esto es un despropósito", concluyen estas fuentes.

Colau intenta maquillar el desplome de la vivienda cediendo solares a cooperativas

Temas relacionados

Ahora en portada

Comentarios