Ciudadanos ha hecho de la lucha contra la ocupación ilegal uno de sus baluartes durante esta legislatura. En las enmiendas a la conocida como Ley mordaza ya pedían que la Policía pudiera desalojar pisos sin orden judicial. Ahora, el partido ha presentado una Proposición de Ley en la que plantea, entre otras medidas, permitir juicios rápidos que agilicen el desalojo de este tipo de pisos o conceder a una comunidad de vecinos la posibilidad de impulsar un desalojo sin esperar a una orden judicial. Además, como guinda del pastel, la formación de Rivera propone que un juez pueda privar del derecho de utilizar una vivienda durante un periodo de hasta tres años a quienes cometan actividades delictivas o prohibidas por los estatutos de la comunidad.
Así, en la disposición final de la Proposición, Ciudadanos pide modificar el articulado de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de incluir una cláusula que habilite a los juez a condenar a quienes realicen "actividades prohibidas en los estatutos" a no solo la indemnización por los daños y perjuicios que proceda, sino también a "la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad". "Si el infractor no fuera el propietarios, la sentencia podrá declarar extinguidos todos sus derechos relativos a la vivienda, así como su inmediato lanzamiento", prosigue el texto.
Por otro lado, el grupo liderado por Albert Rivera también ha apostado por endurecer las penas asociadas a la ocupación ilegal cuando esta se ejerza con fuerza en las cosas (esto es, por ejemplo, forzar una cerradura). Hasta ahora este supuesto estaba castigado con pena de multa de tres a seis meses, pero Ciudadanos propone que se eleve a pena de cárcel de uno a dos años. En el caso de que no se utilizara fuera, pero pese a ello lo hiciera sin título justo, la pena se reduciría a seis meses a un año de prisión y multa de seis a doce meses. Por otro lado, al que ayude a otro a que ocupe una vivienda se le castigaría también con penas de prisión de uno a dos años.
Acceder a un piso sin orden judicial
Además, Ciudadanos se ha mostrado partidario de que la Policía puedan entrar, registrar e identificar a los ocupantes, sin que medie una orden judicial, en aquellas las viviendas u otras edificaciones que no revistan la condición de domicilio, si el propietario hubiese denunciado la ocupación, y existiesen indicios de que se está empleando con fines delictivos. Según ha expresado el propio Rivera, "hay una cosa fundamental, y es que se dice con indicios claros de delito". "Si hay alguien que piensa que su vivienda está siendo un narcopiso, es que se está utilizando para vender drogas o su vivienda está siendo utilizada por mafias que chantajean a sus propietarios", ha defendido.
"No es un capricho, ya existe en muchos países que la Policía pueda actuar y luego un juez valorarlo. Si alguien tiene indicios flagrantes de que se vende droga o una mafia ocupa un piso chantajeando a la familia, hay vecinos que se sienten indefensos y el Estado tiene que protegerlos. Vamos a trabajar para que nadie ocupe viviendas de manera mafiosa. Estamos hablando de tramas delictivas, no estamos hablando de que alguien no pueda vivir en una casa porque no puede pagar la factura. Eso es otra cosa", ha continuado. "La ocupación de viviendas no solo está afectando a los propietarios, también a la convivencia en determinados barrios, sobre todo barrios humildes", ha remachado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas.
Esta propuesta se ha encontrado con el rechazo de otras formaciones, como Unidos Podemos. Pilar Garrido, su portavoz de Vivienda en el Senado, ha asegurado en numerosas ocasiones que "ya existen mecanismos civiles para proteger a los pequeños propietarios ante la ocupación de sus viviendas", por lo que "no es necesario penalizar más la ocupación". Por su parte, desde el PP han mostrado su estupor y han recordado que ya se aprobó en un Pleno del Senado de septiembre una moción consensuada por PP, PSOE y PNV para instar al Gobierno a agilizar los desalojos de ocupas que usurpan inmuebles de forma ilegal, así como a elaborar un plan contra las mafias que trafican con pisos vacíos. Además, el mes pasado se constituyó en la comisión de Justicia la ponencia de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, que en su día registró el PDECat, para abordar este tema.
Más de 87.000 familias -unas 270.000 personas- ocupan viviendas de manera ilegal en España, según el estudio La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica, elaborado por el Instituto Cerdà, que considera que los inmuebles con pisos ocupados pierden entre un 40% y un 60% de su valor. Según el estudio, la mayoría de ocupaciones son "no conflictivas". Es decir, que no generan problemas de convivencia, y de personas "vulnerables", aunque destaca que también hay un grueso de ocupaciones que realizan personas que no están en situación de vulnerabilidad, aunque no aporta datos concretos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios