Parecía la operación perfecta: el Banco de España quería terrenos para fabricar billetes y el Estado necesitaba soltar lastre inmobiliario. A finales de 2016, se cerró el trato y el Ministerio de Defensa vendió por adjudicación directa a la sociedad Imprenta de Billetes S.A. (Imbisa), que pertenece en el 80% al Banco de España, y en el 20% a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el antiguo Centro de Emisores de Vicálvaro, situado en la madrileña Avenida de Daroca por cerca de 40 millones de euros. Sin embargo, a día de hoy, todavía no se ha iniciado ningún tipo de obra y los terrenos lucen abandonados sin una grúa a la vista.
El objetivo de la futura fábrica, tal y como se explicó en el momento de formalizar la compraventa, era el de trasladar a los más de 270 empleados que ahora trabajan en Imbisa, a unos 10 minutos de Vicálvaro. Mientras se pone en marcha el proyecto, la compañía debe asumir los costes de los alquileres necesarios para albergar a sus trabajadores, en lugar de aprovechar los 141.826 metros cuadrados que dispone en propiedad. Según sus cuentas anuales de 2016, las últimas publicadas, la empresa tiene un gasto de 1,7 millones en concepto de arrendamientos. Concretamente, esta cantidad se corresponde "al gasto por el alquiler de la fábrica y las oficinas de la Sociedad a la FNMT-RCM", reza el documento.
Pese a que en su página web, solo se especifica que la "Imprenta de Billetes tiene previsto construir una nueva planta para la fabricación de billetes", sin dar una fecha aproximada, fuentes cercanas a Imbisa reconocen que es muy complicado que la edificación pueda concluirse antes de 2020, debido a los "altos estándares de seguridad que exige el BdE". Es decir, que si se concluyeran las obras ese año, la empresa habrá invertido más de 8 millones de euros en concepto de rentas desde que ya tuviera en propiedad el solar.
Por su parte, los vecinos se preguntan cómo es posible que unos terrenos se vendieran a un precio tan elevado —"mucho más de lo que se pagaba entonces por terrenos similares", denuncian—y sigan luciendo tan desolados como antes de cerrar la operación. "Más todavía, porque cuando pertenecían a Defensa había vigilantes jurados que controlaban el terreno. Ahora, está abandonado y cualquiera se puede colar dentro. Nos da miedo que se acabe convirtiendo en un punto de delincuencia que dañe a todo el barrio, porque todavía quedan algunos edificios en pie que puede utilizarse para cualquier cosa", reconoce uno de los vecinos, que prefiere no decir su nombre.
Fuentes del Banco de España, tras la publicación del artículo, matizan este punto y sostienen que el terreno no está abandonado. "El recinto esta vallado y tiene cámaras de seguridad. Está monitorizado las 24 horas y, además, existe un vehículo de seguridad que hace rondas periódicas", aseguran.
Los vecinos prefieren otros usos
Partidos políticos y asociaciones siempre han mirado con ojos golosos al solar, para el que reclamaban un uso sociocultural o dotacional. Así, en los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, el Partido Popular prometió construir una cochera para los autobuses de la EMT, mientras que los socialistas apostaban por edificar la "Ciudad del Conocimiento", además de 2.615 viviendas de alquiler para jóvenes. Por su parte, Izquierda Unida quería usar el terreno para "un centro de Especialidades, una base del SAMUR, una base de Bomberos o el Museo Histórico de Vicálvaro, entre otras propuestas".
Además, los vecinos critican que se vaya a construir una fábrica en una zona tan cercana a la ciudad, en lugar de en un hacerlo en un emplazamiento más alejado de Madrid, que habría salido más barato "a todos los contribuyentes", y más para una actividad que, aunque necesaria, no genera especial beneficio a las arcas públicas. Así, la fabricación de billetes aporta a la Fábrica de la Moneda un 25% de los ingresos, pero genera apenas el 4% del beneficio por encontrarse muy ajustado su margen por el BCE.
Según fuentes del Banco de España, la fábrica de billetes se encuentra actualmente en la fase de diseño de la planta por parte de un estudio de ingenieros. "Hay que tener en cuenta que en Imbisa se siguen los procesos de contratación de la administración pública, que suelen ser más lentos y ofrecen muchas garantías. Todo sigue su curso normal. No hay retrasos, son los términos normales de este tipo de licitaciones, el tiempo lógico", defienden.
Este proyecto, además, deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, que no se muestra especialmente receptivo ante la construcción de la fábrica. Fuentes del Consistorio de Carmena aseguran que todavía no se ha producido ningún contacto entre ellos e Imbisa y alegan que se producirá "cuando haya algo que comunicar", aunque reconocen que se mirará con lupa que cumpla todos los requisitos, "como siempre se hace".
Por último, fuentes técnicas consultadas en el consistorio madrileño advierten que es una parcela que solo tiene permitida una edificabilidad de dos metros cuadrados por cada tres metros, por lo que será necesario presentar "un proyecto muy depurado que respete al máximo estas limitaciones".
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