Fue el sueño faraónico de Esperanza Aguirre y acabó convirtiéndose en un solar prácticamente abandonado, con la excepción del Instituto de Medicina Legal. La Ciudad de la Justicia, quebradero de cabeza del gobierno de Cifuentes, podría dejar de ser pronto un erial de más de 200.000 metros cuadrados. La Comunidad de Madrid, tras la sentencia que eximió al Ejecutivo regional de destinar 1.752 millones de euros de las arcas públicas a la construcción del complejo, planea retomar de nuevo el proyecto, con menores costes y más acorde a las nuevas necesidades de la Administración de Justicia.
Según fuentes de la Comunidad de Madrid, es innegable que existe una necesidad de concentrar las sedes judiciales. "Sin embargo, se debe hacer controlando los gastos, con un diseño y una organización que sirva para satisfacer las demandas de los ciudadanos y los profesionales de la Justicia". Por ello, desde el Ejecutivo ya han empezado a trabajar en la idea, y esperan que pueda salir a concurso antes de seis meses, aunque reconocen que es un proyecto especialmente complicado, "por los problemas que ya ha habido y por la envergadura del mismo". En todo caso, reconocen, el coste de construirlo será infinitamente menor a la licitación anterior.
Sin embargo, mientras se resuelve el asunto, el Instituto de Medicina Legal, más conocido como el 'donut' de Valdebebas, es un pozo sin fondo imposible de amortizar y al que no puede darse ningún uso porque, sencillamente, no está finalizado del todo. Según los últimos datos disponibles, el edificio, terminado en 2010 y que costó 21,4 millones, se come al año 176.000 euros en mantenimiento y seguridad.
Concretamente, 169.972 euros se destinan en seguridad, 3.430 euros en electricidad y 2.861 euros en mantenimiento. A esto hay que sumar 8,3 millones de euros de deudas tributarias de los años 2014 y 2015 correspondientes al IVA que no se abonó cuando se transfirió esta instalación, construida por la extinta empresa pública Campus de la Justicia, al inventario de la Comunidad de Madrid. En total, los proyectos ya se han comido unos 120 millones de euros, según datos de la Comunidad.
Proyectos fallidos y demandas judiciales
El complejo judicial ha estado rodeado de polémica desde que se iniciara, en 2004, bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Pronto se vio que era un fracaso y se liquidó la sociedad, pero Ignacio González, en un intento por salvar la herencia política de su valedora, quiso revitalizar el proyecto rebautizándolo como Ciudad de la Justicia. Este segundo proyecto se licitó a contrarreloj y fue adjudicado a la alianza formada por Acciona y OHL, aunque nunca se llegó a rubricar .
Cuando Cifuentes ganó las elecciones, se encontró con una maraña judicial en la que la decisión de liquidar el Campus había sido llevada ante los tribunales por la constructora Corsán-Corviam. Optó el Gobierno regional por desistir del procedimiento de adjudicación a OHL y Acciona, que interpusieron una demanda, a su vez, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que les dio la razón. La comunidad llevó el asunto al TSJM, que, finalmente, ha inclinado la balanza a favor de Cifuentes, dejando vía libre a un nuevo proyecto. "Aunque con matices. No hay que olvidar que pueden presentar un recurso de casación", comentan desde la comunidad.
Ante un nuevo proyecto, OHL se ha negado a comentar si se presentaría o no a un nuevo proceso de licitación. Por su parte, desde Valdebebas aplauden la iniciativa y creen el relanzamiento de este proyecto tendrá un impacto muy positivo en el barrio. "Vamos a apoyar cualquier iniciativa que beneficie a nuestros vecinos. Cuando salga la licitación, daremos nuestra opinión. Mientras tanto, no queremos hacer castillos en el aire", concluyen.
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