Una buena parte, en riesgo

La escalada de precios de los proveedores amenaza a las constructoras medianas

Los contratos que se firmaron en 2015 y 2016 eran a precio cerrado y no se pueden ajustar a las condiciones actuales del mercado.

Fotografía construcción
Dos trabajadores de la construcción. / EFE

La recuperación del mercado inmobiliario ya es una realidad. Solo en 2017, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en España se situaron en 80.786 unidades, lo que supuso un aumento del 26,1% en comparación con el 2016. Además, los precios crecieron una media del 6,2%, la mayor tasa media anual desde 2007, según datos del INE. Sin embargo, a pesar de los buenos datos, la subida de los precios de los proveedores ha llevado a las constructoras medianas, especialmente a las centradas en el subsector de la edificación en el mercado nacional, "a situaciones límite durante el año pasado", según reconocen fuentes del sector, que aseguran que si la situación no se revierte la mitad de ellas podrían acabar quebrando debido a las cuantiosas pérdidas afrontan.

Así, el año pasado la subida de los precios de los proveedores, entre mano de obra y materiales, se situó en torno al 17%, si bien en algunos mercados, como en la Comunidad de Madrid, este incremento está por encima del 25%. "Esta tendencia alcista de Madrid se irá trasladando a otras provincias, como Valencia, Alicante y Málaga en 2018, donde se están iniciando muchísimos proyectos y el sector se está revitalizando. Ello hace que, en consecuencia, los proveedores aumenten los precios. Es una pescadilla que se muerde la cola, porque a las medianas constructoras nos hace ser menos competitivas y nos impide afrontar nuevos proyectos y menos frente a las grandes empresas", comentan fuentes de Inbisa Construcción.

Por otro lado, según se quejan las constructoras medias, las condiciones de contratación registradas hasta el momento han impedido, en gran parte de los casos, que se renegocie de una forma suficiente con los promotores de viviendas, dado que los contratos firmados en 2015 y 2016 eran a precio cerrado y sin cláusula de revisión de precios, lo que ha provocado que estas empresas se ahoguen con las subidas de costes y no puedan asumirlas debido a los estrechos márgenes de beneficio que estos contratos contemplaban. "Las grandes constructoras, por el contrario, más centradas en el mercado internacional de obra civil y con una cartera amplia de obra pública no han sufrido este golpe ya que todos los contratos que firman con las diferentes administraciones sí incluyen cláusulas de revisión de precios", denuncian estas fuentes.

A la presión de los precios de los proveedores hay que sumar la falta de disponibilidad de un número suficiente de ellos, dada la lenta incorporación al mercado de nuevos operadores y de nuevos trabajadores, lo que aumenta la cantidad de personal de baja cualificación en las obras. La falta de estabilidad de la construcción y las duras condiciones laborales, unido a que todavía se recuerda la destrucción de empleo y cómo abocó a miles de trabajadores a una situación personal complicada, "actúa como freno para muchos jóvenes que prefieren bien emigrar, bien continuar con sus estudios o bien dedicarse a otros sectores como la hostelería, precisamente hacia donde se derivó gran parte de la mano de obra después del estallido de la burbuja", continúan fuentes de Inbisa Construcción. "No solo eso. Dentro de las compañías también son reacios a contratar a nuevo personal porque los empresarios recuerdan con horror cómo tuvieron que despedir a gran parte de sus plantillas para subsistir durante la crisis o incluso cómo mucha quebraron por no poder hacer frente a los salarios de los trabajadores", aseguran.

Curiosamente, según comentan fuentes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), para los trabajadores a pie de obra, "todavía no se ha recuperado el nivel salarial previo a la crisis y ahora se cobra casi un 50% menos y los sueldos oscilan entre 1.000 y 1.500 euros, muy lejos de los 3.000 o 4.000 euros de antes". Sin embargo, quien sí han visto incrementado su sueldo es el personal de dirección: jefes de obra y encargados han forzado un aumento de la masa salarial media del 20% tan solo en 2017. Ello se traduce en un aumento de los costes de producción. "Esta situación ha resultado insostenible para muchas constructoras que han tenido que abandonar obras ya arrancadas al no poder equilibrar los resultados con una subida del precio percibido del promotor", se lamentan fuentes del sector.

Plan de Vivienda, una solución

Una de las esperanzas para estas medianas constructoras se encuentra, precisamente, en el recién aprobado Plan de Vivienda que, por primera vez, recoge incentivos a la promoción privada de vivienda. En concreto, el Gobierno incluyó ayudas de hasta 36.750 euros por vivienda a los promotores que construyan inmuebles para destinarlos al alquiler. "Estas ayudas ayudarán en parte al pequeño y mediano constructor, porque podrá trabajar con una garantía que hasta ahora no tenía", mantienen fuentes de ARC. "No obstante, para que se consolide la recuperación del sector será necesario que se recupere el empleo de calidad, de forma que los jóvenes, que son quienes principalmente dinamizan el mercado de la vivienda, puedan acceder a la compra de una vivienda", matizan.

A pesar de este incentivo, según las constructoras medianas, para 2018 se espera "una prolongación de esta situación de tensión por la escasa disponibilidad de proveedores cualificados, así como a la creciente subida de precios que, esperan, se sigan agravando en los próximos meses. "No obstante, las empresas están firmando contratos con márgenes más amplios y con la posibilidad de adecuar los precios del contrato a los reales del mercado, en caso de que se mantengan las dramáticas subidas de los costes directos de los últimos 15 meses. Si no se pone remedio, la mitad de ellas podrían acabar quebrando", concluyen.

La escalada de precios de los proveedores amenaza a las constructoras medianas

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