Los inmuebles de Policía y Guardia Civil podrán utilizarse para vivienda protegida

  • El proyecto de PGE contempla que inmuebles afectos a los fines de seguridad del Estado puedan usarse para el desarrollo de las políticas de vivienda.
El ministro del Interior inaugura este miércoles el cuartel de la Guardia Civil de Lorca
El ministro del Interior inaugura este miércoles el cuartel de la Guardia Civil de Lorca

El Gobierno ha querido dar un giro radical al uso, hasta ahora limitado, de los bienes inmuebles afectos a los fines de seguridad del Estado, esto es, casas oficiales y cuarteles de Policía Nacional y Guardia Civil. Así, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se contempla, en la disposición final, que estos edificios puedan utilizarse, por primera vez, para el desarrollo y ejecución de las políticas de vivienda, además de firmar convenios con las administraciones locales tendentes a construir viviendas sujetas a algún régimen de protección.

La medida está contemplada en la modificación de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que también incluye, entre otras novedad, la posibilidad de que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad de Estado puedan acometer obras de construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de los bienes inmuebles que gestiona, función que, hasta el cambio, estaba vetada para este organismo. Además, también podrá enajenar inmuebles destinados a la seguridad del Estado puestos a su disposición, mediante venta o permuta.

Asimismo, la enmienda de la norma mantiene las competencias de este organismo para hacer propuestas referentes al planteamiento urbanístico, coordinar y desarrollar los planes planes de infraestructura de la seguridad del Estado, llevar a cabo acuerdos de colaboración a tal efecto con las corporaciones locales y Comunidades Autónomas, colaborar con los ayuntamientos en los planes de ordenación urbana que afecten a los inmuebles y acuartelamientos existentes y enajenar de forma onerosa los bienes muebles que sean puestos a su disposición, al objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines del organismo.

Actualmente, según el Portal de Transparencia, el Ministerio de Interior posee 2673 inmuebles, entre edificios y solares. Varios de estos bloques poseen decenas de viviendas, como es el caso de los cuartes de la Guardia Civil, que contabiliza 33.806 pisos oficiales. De ellos, el más grande está situado en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid y tiene una extensión de 2.718.300 de metros cuadrados. Se trata de la Escuela Nacional de Protección Civil y está destinada a dar respuesta a las necesidades de formación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil a fin de contribuir al mantenimiento y mejora de sus capacidades para gestionar el riesgo e intervenir ante una emergencia.

Ventajas del Plan de Vivienda

Precisamente, este cambio llega en un momento en el que las principales asociaciones de la Guardia Civil denuncian que el 40% de las viviendas oficiales no tienen unas condiciones dignas para vivir y en pleno desarrollo del Plan de Vivienda, que pretende fomentar la rehabilitación y construcción de inmuebles destinados a alquiler protegido. De esta manera, para acceder a este programa, en el que ahora puede participar Interior, el precio del alquiler en este caso debe ser de hasta 5,5 euros por metro cuadrado, en cuyo caso la ayuda será de hasta 36.750 euros por vivienda con un límite del 50% de la inversión; o de hasta 7 euros por metro cuadrado de vivienda, pero entonces la cuantía de la ayuda no superará los 31.550 euros con un límite del 40% de la inversión.

Además, varios grupos políticos, entre ellos Izquierda Unida, han pedido que se utilicen para alquiler social las casas cuartel de la Guardia Civil. No solo la modificación de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social lo permite ahora, sino que también podrán acogerse al programa del Plan de Vivienda que pone a disposición viviendas desocupadas de distintas entidades a personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual. Hasta ahora, los ayuntamientos optaban por comprar estas casas oficiales, normalmente al propio Ejército a través de subastas hechas por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la opción que ahora se plantea es menos gravosa para las entidades locales y, según fuentes del sector inmobiliario, permitirán aumentar la oferta de alquiler social.

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