La decisión del TS 'calienta' las calles: las primeras protestas ya están en marcha

  • Rivera asegura que la resolución es incompresible e Iglesias la aprovecha para convocar movilizaciones como hizo con los pensionistas.
Pablo Iglesias creen que es necesario ir a elecciones si no se apruebas los PGE.
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EFE

La decisión del Tribunal Supremo de cargar el impuesto de la hipotecas a los clientes, tomada tras 16 horas de reunión a puerta cerrada y por una mínima diferencia -15 votos frente a 13-, ha provocado una ola de críticas e indignación y ha hecho saltar la chispa de las movilizaciones en la calle: la primera, el próximo sábado.

La polémica resolución del Alto Tribunal, que desestima los recursos estudiados y adopta la jurisprudencia anterior, será aprovechada por Podemos para volver a tomar la calle, como ha hecho con los pensionistas. Así, uno de los primeros en manifestarse fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que aseguró que la "independencia" del Tribunal está en "entredicho" por la sentencia sobre las hipotecas y llamó a una "gran movilización cívica".

En su cuenta de Twitter, se refirió a la decisión del TS, que tira por tierra la nueva doctrina fijada hace apenas tres semanas. "La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría", añadió. "Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", escribió.

En la misma línea se pronunció la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, que defendió salir a la calle a defender "que se haga justicia". "En el Tribunal Supremo, 15 a 13, gana la banca. La verdad es que todo el mundo se lo imaginaba. Queda comprometida la seguridad jurídica, y saldremos a la calle a defender que se haga justicia", señaló en Twitter.

Para el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, la decisión del TS demuestra que "los ricos" han comprado el alto tribunal. "No les importa destruir el prestigio de nuestro sistema de justicia con tal de que la banca se siga forrando a costa de la gente. Ya sabíamos que los ricos se compraban gobiernos. Hoy se han comprado el Supremo. Hay que llenar las calles de la dignidad que ellos no tienen", defendió.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reconoció que la decisión de Supremo es incomprensible. "No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro", señaló.

Incluso el presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, consideró que la resolución del Tribunal Supremo es "un grave error de consecuencias sociales imprevisibles".

Organizaciones de consumidores

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su "gestión pésima" del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de "bochornosa".

A juicio de la OCU, se trata de una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.

Considera, además, que pone en entredicho la independencia del poder judicial que se ha visto "doblegada por los intereses económicos de la banca" en perjuicio de los millones de familias hipotecadas.

Mientras, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, tildó de "indignante" la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la "presión del lobby financiero e inmobiliario". El Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

Delgado consideró que este cambio de criterio en el TS es un "reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros". "No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión", añadió la portavoz de la PAH.

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