Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Las ayudas públicas al alquiler llegarán hasta los 390 euros en casos justificados

Las subvenciones a la compra están reservadas solo a los menores de 35 años residentes en localidades inferiores a los 5.000 habitantes.

El precio de la vivienda de alquiler sube en la Región un 0,1% en agosto, según fotocasa

Llegó el día. Con un retraso de dos años desde que caducara el plan anterior, una prórroga e innumerables críticas de la oposición por "fomentar la especulación" y "olvidarse de la vivienda social", el Gobierno aprobó este viernes el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Su entrada en vigor tendrá un efecto retroactivo a 1 de enero, fecha en la que debería haberse puesto en funcionamiento.

El lucero del nuevo programa es su apuesta por el alquiler. El Estado pagará el 50% de la renta en mensualidades de 600 euros, mientras que las comunidades autónomas podrán ampliarlo hasta los 900 euros en casos justificados. Ese último tramo, de los 600 a 900 euros, tendrá un descuento del 30%. Las ayudas llegarán así hasta los 390 euros, cuando sean dos, Estado y autonomía, las fuentes de subvención, según figura en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

La reducción está dirigida a quienes ganen menos de 1.500 euros al mes, siempre que no sean propietarios de una vivienda en España y que la que alquilen sea su residencia habitual mientras reciban la ayuda.

La cuantía máxima tanto de la ayuda como de los alquileres viene fijada por los ingresos del hogar. El umbral para estar dentro de las ayudas es de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos ingresos máximos de 30.078,36 euros en los casos de familia numerosa y hasta cinco veces este indicador, lo que significan 37.597,95 euros al año cuando además algún miembro con unadiscapacidad de al menos el 33%.

Esta nueva edición, la edad deja de ser una traba para optar al alquiler ayudas y el Gobierno se estrena con los afectados por desahucios. Quienes hayan perdido su vivienda por este motivo contarán con hasta 400 euros al mes para pagar un alquiler, durante un plazo de tres años (hasta ahora era de dos). De esta forma, se suprime el mínimo, fijado en 150 euros. Los colectivos vulnerables podrán optar a viviendas desocupadas y disponibles de la Sareb para habitarlas en régimen de alquiler y los mayores dispondrán de una ayuda de hasta 200 euros mensuales para atender el pago de facturas de suministro (agua, luz, gas o de comunidad). El plan incluye un programa para alquilar viviendas desocupadas de entidades financieras a personas en situación de desahucio.

El plan está alimentado con una dotación de 1.443 millones de euros, un 62,5 % más que el anterior, que destinó a ese fin 888,2 millones entre 2013 y 2016, ha explicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De este volumen: 350 millones de euros corresponden a este año (en 2017 el presupuesto ascendió a 446 millones), 357 millones a 2019, 364 millones a 2020 y 372 millones a 2021.

En el periodo 2018-2021, sin embargo, el Gobierno quiere compartir gastos con las comunidades autónomas y las obligará por primera vez a cofinanciar las ayudas.  Hasta ahora, era opcional y podían dar o no una parte complementaria. A partir de este 2019, por cada 70 euros que aporte el Gobierno central, las autonomías tendrán que desembolsar 10 más o se quedarán sin ayudas. Baleares, Madrid, Extremadura  y Ceuta son las únicas autonomías que no aportaron este complemento durante el periodo en que estuvo en vigor el anterior plan.

Compra, solo en localidades pequeñas

La ayuda a la compra vuelve al Plan Estatal de Vivienda, pero con límites. Fomento contempla subvenciones de hasta el 20% del precio del piso, con un máximo de 10.800 euros, para jóvenes de menos de 35 años e ingresos inferiores a tres veces el IPREM en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Una modificación que pretende evitar la despoblación rural, lo que, ponen en duda expertos como Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, porque su impacto, dice, "puede ser mínimo".

Parque público de alquiler 

El plan se completa con iniciativas dirigidas a la promoción de viviendas para alquiler y para la rehabilitación de pisos y zonas urbanas. Para Julio Rodríguez, también miembro del colectivo Economistas frente a la crisis, esta es la única esperanza que alumbra el nuevo programa, "ya que podría abrir la puerta a la creación de parque público de vivienda", valora.

Precisamente este punto es el que los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Santiago y Cádiz ven insuficiente "porque fomenta la especulación" y "potencia la emergencia habitacional", según han hecho público en un manifiesto difundido este viernes.

Estos ayuntamientos reprochan al Gobierno que haya desaprovechado la oportunidad para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013 y proteger al inquilino. Julio Rodríguez coincide con los alcaldes de estas seis localidades, que encabeza la barcelonesa Ada Colau, y ratifica la demanda. En su opinión, la ley tiene tres puntos oscuros que necesitan ser reformados. El expresidente del Banco Hipotecario se refiere aquí a la necesidad de ampliar de tres a cinco años la duración de los contratos, fijar indicadores de precios comprensibles tanto para el arrendador como para el arrendatario y suprimir la regla que permite expulsar al inquilino cuando el piso es vendido.

Promotores y empresas inmobiliarias dispondrán de ayudas públicas de hasta 300 euros por metro cuadrado con un límite del 40% de la inversión y de 31.500 euros por vivienda. El requisito será que los inquilinos tengan ingresos de hasta 4,5 veces el IPREM (33.838,15 euros) y que el precio máximo sea de siete euros mensuales por metro cuadrado. 

Recibirán también hasta 30.000 euros por vivienda de nueva construcción o renovación, en los casos de infravivienda o chabolismo, y hasta 2.000 euros por las que se rehabiliten o construyan en entornos rurales. El plan contempla además la contribución de 12.000 euros por inmueble en los casos de rehabilitación sin limitación por zona geográfica. Estas aportaciones tendrán como límite el 40% de la inversión y deberán contar con una calificación energética B (la segunda más alta).

Temas relacionados

Ahora en portada

Comentarios