El ladrillo ha despegado en España. Si 2017 fue un año de recuperación intensa para el sector, las perspectivas son aún mejores de cara a este ejercicio. Según la tasadora Tinsa, los precios seguirán subiendo de forma moderada (el año pasado ya lo hicieron en torno al 4,2%), las compraventas pueden aumentar hasta un 15% y la obra nueva incrementarse un 20%. Estos buenos augurios han provocado, como consecuencia lógica, que se reactive el mercado de obra nueva y solo el año pasado los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en España se situaron en 80.786 unidades, lo que supuso un aumento del 26,1% en comparación con el 2016.
Sin embargo, este despegue del sector de la construcción ha traído de la mano un incremento de los robos en obras. Concretamente, según Interior, en 2017 se produjeron aproximadamente un 35% más de robos que en 2016, lo que supone unas pérdidas de casi 1.500 millones de euros al año. Según fuentes del sector, estos robos ya representan aproximadamente el 4% del valor total de media de cada obra. "Si a los robos sumamos, el vandalismo, así como los gastos de vigilancia, el precio total se puede incrementar hasta el 10%. Por mucho que contrates seguridad, estos robos no se pueden prevenir al 100%, aunque sí reducir", reconocen estas fuentes.
"En cualquier caso, las constructoras tenemos que asumir unos costes extraordinarios por culpa de una actividad delictiva ajena a nuestro control. Esto ahoga a las medianas constructoras que ya operan con márgenes muy ajustados y ni siquiera pueden cubrir el coste de contractos firmados antes de que se apreciaran los primeros signos de la recuperación. Debería incrementarse la vigilancia de la Policía o buscar algún tipo de solución que beneficie a todos. Pero la situación ahora es insostenible", denuncian fuentes de Aza Construcciones.
Vuelven las mafias de la construcción
Paralelamente, según fuentes policiales, está retornando un fenómeno prácticamente erradicado desde los años del auge de la burbuja inmobiliaria. Se trata de extorsiones a empresarios de la construcción para que contraten sus servicios de seguridad. "Normalmente, suelen ser clanes de gitanos o rumanos. El modus operandi siempre es el mismo. Se acercan a obras pequeñas y medianas y ofrecen sus servicios de seguridad, bajo la amenaza sutil de que tendrá problemas si no acceden. Si el empresario rechaza la oferta, comienzan robos o destrozos hasta que opta por ceder al chantaje. Normalmente piden que se les pague en 'b' una cantidad que suele rondar los 400 euros, aunque las empresas más grandes suelen optar por hacerles un contrato como vigilantes, ya que están más fiscalizadas", comentan estas fuentes policiales.
El año pasado se detectaron varios casos en Madrid, pero estas fuentes reconocen que no es habitual que los constructores denuncien. "Creen que si no pagan a esa mafia, vendrá otra que les haga el mismo chantaje. Están perfectamente organizados, no son delincuentes aislados. Lo más curioso es que una vez que les pagan, no prestan ese servicio de vigilancia. Pero no hace falta, las mafias saben que no van a robar en esas obras porque ellos mismos son los que lo hacen", detallan, a la vez que explican que las sustracciones más comunes son las de maquinaria industrial porque "saben que son las que más perjuicio causan a los constructores y las que más tiempo tardan en reemplazar".
Empresarios de la construcción reconocen en privado que ellos mismos se han visto sometidos a este chantaje. "La solución pasaría por contratar a un vigilante privado, pero las tarifas de estas empresas rondan los 4.000 euros. Además, se han dado muchos casos en los que estas mafias agreden a los propios vigilantes de empresas de seguridad con el fin de amedrentarles y quedarse con el negocio. Es desesperante, pero las empresas medianas y pequeñas poco podemos hacer. Ya bastante tenemos con sacar adelante obras en las que, en muchas ocasiones, jugamos con condiciones menos ventajosas que las grandes empresas. Al final, te aguantas y pagas", se quejan.
Por ello, reclaman medidas contundentes a las administraciones públicas y piden que, al menos, se den ayudan significativas para vigilar las obras. "Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte. Los fabricantes de maquinaria establecieron hace años un control numérico sobre estas herramientas, pero las despiezaban en talleres ilegales y las vendían por piezas. Cuando podíamos alquilábamos locales, con el consiguiente aumento de precio, para que las maquinas no durmieran en las obras; entonces comenzaron los destrozos y el vandalismo. Ya vivimos la pesadilla antes de la crisis y no se nos ayudó. Pedimos que no se repita porque empezamos a no poder más", concluyen.
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