El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afronta el maleficio del alquiler que ya fue un quebradero de cabeza para otros titulares de su Ministerio, en especial, María Antonia Trujillo conocida como la 'ministra de los minipisos', una apuesta que fracasó sin paliativos.
El nuevo ministro no ha tardado en hacer frente a lo que considera "un reto de máxima importancia" y anunció el pasado jueves un plan para promover la construcción de 20.000 viviendas de titularidad pública para destinarlas principalmente al alquiler. Ábalos pretende con este plan evitar una nueva burbuja de los precios de la vivienda y ha acusado a sus antecesores de haber sido "poco ambiciosos" en esta materia, lo que explicaría el incremento del precio de los alquileres o la "desprotección" de los ciudadanos ante los "abusos" del sector financiero que han provocado en cierta forma, un "sinhogarismo".
El titular de la cartera comunicó que la construcción se llevaría a cabo en lugares de alta demanda con precios por metro cuadrado elevados. Serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que colaboren con el gobierno central para decidir dónde se ubicarán las nuevas viviendas.
Fomento también quiere revisar el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, con más presupuesto y programas, y crear nuevas líneas de financiación para promover viviendas dentro del "giro social" que quiere darle a esta materia. En el paquete de medidas, se analizará el régimen fiscal a fin de estimular la oferta de vivienda en alquiler, se optimizará el parque existente con el foco puesto en las viviendas vacías y las turísticas, un tema, éste último, en el que el Estado debe fijar el criterio a seguir.
También se busca mejorar el marco regulatorio del alquiler, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las reformas afectarán a la duración de los contratos, ampliando los plazos de prórroga; al importe de las garantías adicionales a las fianzas, y a la seguridad jurídica en caso de transmisión del inmueble.
Sin embargo, los expertos en materia urbanística recelan del plan de Ábalos. "Es un proyecto a largo plazo, lleva mucho tiempo", afirma Juan Fernández-Aceytuno, CEO de Sociedad de Tasación. "Para cuando esté construido puede ya haber cambiado el ciclo", confirma el consejero delegado de la entidad, que considera que a pesar de que "la creación de vivienda es necesaria, no lo veo como solución".
Lo cierto es que diferentes gobiernos de todos los colores han intentado, en la mayoría de las ocasiones sin éxito, desarrollar proyectos de vivienda asequible para los colectivos más desfavorecidos.
Uno de los planes más destacados fue el de los 'minipisos' que intentó sacar adelante el gobierno de PSOE antes del 'boom' inmobiliario. En el año 2005, la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, presentaba una propuesta por la que se construirían pisos de menos de 45 metros cuadrados destinados al alquiler. El único requisito era que los arrendatarios fuesen menores de 35 años y que el régimen de alquiler fuese "algo transitorio para el inquilino", afirmaba Trujillo.
La propuesta levantó mucha polvareda entre afines y contrarios y se presentó finalmente en 2007, a las puertas de la crisis. El plan se concretaba con la construcción de 20.000 'minipisos', pero la realidad es que las obras se frenaron y los precios se dispararon. La burbuja no paraba de crecer y el límite de 200 euros mensuales que había marcado Trujillo pronto desapareció. Las zonas universitarias, principales ubicaciones iniciales de este plan, apenas desarrollaron estas viviendas y las que se crearon pronto aumentaron sus precios.
El Plan de Vivienda 2005-2008 en el que se enmarcaba esta iniciativa no salió airoso, pero lo cierto es que en el peor momento de la crisis inmobiliaria en España los 'minipisos', en este caso de entre 15 y 20 metros cuadrados, llegaron a venderse por precios entre 80.000 y 90.000 euros, lo que suponían cifras superiores a los 4.000 euros por metro cuadrado.
La misma ministra de Vivienda que había lanzado el plan, María Antonia Trujillo, se había marcado otro fin similar, conseguir alcanzar un 30% de vivienda protegida al final de la legislatura. La cifra, cercana al 10% en 2007, apenas consiguió crecer unas décimas y dejó en la cuneta otra de las ideas para sacar a España del problema inmobiliario en el que estaba metida.
Más cerca en el tiempo, el último gobierno del Partido Popular, también intentó medidas desesperadas con el Plan de Vivienda 2018-2021, pero en este caso con el fin de fijar población en las zonas rurales. Íñigo de la Serna, ministro del ramo, desarrolló medidas para premiar la compra y el alquiler de vivienda en zonas en amenaza de despoblación. Aún es pronto para saber el efecto que tendrán estas propuestas pero lo cierto es que, según los primeros datos, el mercado no se ha incentivado.
También en los últimos meses dos de las alcaldesas 'del cambio', Ada Colau y Manuela Carmena, han impulsado en sus respectivos ayuntamientos medidas para incrementar las viviendas sociales. 4.200 pisos en el caso de Madrid y otros 4.000 en el de la capital catalana pretendían construirse para acoger a los colectivos más desfavorecidos. La realidad es que, a apenas un año del fin de la legislatura, los objetivos están lejos de cumplirse.
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