La diferencia entre lo que piden los arrendatarios y el presupuesto del inquilino es de 2.079 euros anuales. La distancia creció del 27% al 38% ante la evidente tensión que existe en el mercado inmobiliario por la subida de los precios de alquiler. De hecho, la escalada es tendencia en casi todos los países de la OCDE y en España se ha traducido en la bajada de la tasa de emancipación entre los jóvenes.
La casa en alquiler más buscada el año pasado cuesta cerca de 450 euros al mes y tiene 80 metros cuadrados de superficie, según pisos.com. El portal señala que la decisión del inquilino de intentar destinar un menor porcentaje de sus ingresos al alquiler ha impulsado la brecha entre los montos ofertados y la disponibilidad para pagarlos, sobre todo en las grandes ciudades. Por esto, la empresa inmobiliaria situó la diferencia en 173 euros al mes en 2019, 27 euros más que el año anterior. Esta distancia supone un esfuerzo extra anual para el inquilino de 2.079 euros anuales, 320 euros más que en 2018.
El portal inmobiliario señala que los inquilinos disminuyeron el presupuesto que destinan a su vivienda en comunidades como Asturias, Valencia y La Rioja. En cambio, los habitantes de Andalucía, Canarias y Madrid lo aumentaron. Las autonomías donde los arrendadores estiraron más su bolsillo fueron Madrid y el País Vasco: se mostraron dispuestos a pagar cerca de 750 euros al mes. En cuanto a las capitales, siete elevaron su presupuesto y otras siete lo bajaron. Los inquilinos de Barcelona y San Sebastián son los que más pagaron por alquilar sus casas.
Los ciudadanos españoles dedican a la vivienda una media del 21,7% de sus ingresos mensuales, una cifra muy próxima al 22,3% de media en la OCDE, pero con diferencias notables entre el esfuerzo que deben hacer los propietarios (un 16% de la renta) y los inquilinos (25%). Las autoridades de la entidad calculan que la parte de la renta que absorbe la vivienda se ha incrementado en cinco puntos entre 2005 y 2015. Las medidas del próximo Gobierno para velar por la estabilidad del sector serán clave. La que más destaca es la de permitir que las CCAA pongan tope a los precios de alquiler, pero está por verse cómo se logrará su aplicabilidad.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, manifestó su preocupación ante los movimientos del nuevo Gobierno al asegurar que van "en contra del sector". El empresario declaró a la agencia EFE que "cualquier medida intervencionista iría en contra de la buena marcha del sector".
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