La ausencia de viviendas protegidas es un hecho en las grandes ciudades españolas y por ello varios ayuntamientos se han puesto las pilas para tratar de conseguir un parque de propiedades amplio que pueda ayudar a que todo el mundo pueda permitirse una vivienda. Al mismo tiempo, varias comunidades de vecinos han alzado la voz contra la subida de precios de lo que en su momento fueron VPO y que pasaron a manos de los fondos buitre tras la crisis.
En 2017 España fue el país de la Unión Europea que menos vivienda protegida construyó y solo consiguió entregar 4.938 propiedades, según el Defensor del Pueblo. De hecho, nuestro país se ha caracterizado de forma histórica por la poca promoción de VPO para alquiler, lo que ha conllevado un escaso parque de propiedades en arrendamiento para todos los colectivos. Esta institución ha denunciado en varias ocasiones la situación y ha afirmado que "es urgente formular una oferta pública a favor del alquiler para que los más desfavorecidos y los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo".
En este sentido, el propio ministerio de Fomento a través de José Luis Ábalos anunciaba hace solo unos meses una propuesta para la creación de 20.000 viviendas de titularidad pública para dedicarlas al alquiler. Una medida no exenta de polémica con la que pretendía evitar la tan temida "burbuja del alquiler".
Pero Fomento no ha sido la única institución que ha hecho propuestas en este sentido. Los llamados 'ayuntamientos del cambio' también se han puesto las pilas para impulsar medidas para tratar de aumentar el número de viviendas bajo protección pública. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha sido una de las primeras en alzar la voz en este aspecto. El consistorio de la capital catalana obligará a las promociones de más de 600 metros cuadrados a destinar un 30% de la edificación a este tipo de propiedades. De este modo, Barcelona pretende aumentar el parque público para los colectivos más necesitados.
La Ciudad Condal también quiere sancionar a los propietarios de solares en los que no se edifique en el plazo de dos años. De este modo, Colau quiere luchar contra la gentrificación en la capital catalana y garantizarse la posibilidad de disponer del derecho a compra preferente en determinados solares y edificios a través del derecho de tanteo y retracto, también en el ojo de la edil. Del mismo modo, será una forma de evitar la especulación con los terrenos aún sin construir y evitar un aumento desmesurado de su precio o del de las promociones a construir allí.
Además, Barcelona tiene puesta en marcha la construcción de 4.500 viviendas protegidas con la vista puesta en conseguir 13.000 propiedades para el año 2022. Todas estas medidas se engloban en el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 para garantizar la accesibilidad al mercado de las personas con menos recursos.
En el caso de Madrid, la situación es complicada. El parque de vivienda pública es muy reducido y más después de que durante la época de Ana Botella al frente del consistorio se llevase a cabo la venta de 1.860 viviendas públicas a los denominados 'fondos buitres' por 128 millones de euros. Pero esto no solo ocurrió en la capital, también en muchas de las ciudades circundantes.
En cambio, parece que el paso adelante de la Operación Madrid Nuevo Norte -lo que en su momento fue la 'Operación Chamartín'- que prevé la construcción de 2.200 viviendas bajo algún tipo de protección servirá para aumentar el parque de pisos 'para todos' en el caso de la capital.
En medio de esta situación en la vivienda pública, varios grupos de vecinos han alzado la voz en contra de lo que consideran un abuso. Los fondos buitre que compraron los edificios en los que viven, en teoría, protegidos, han decidido subir los precios sus alquileres hasta "niveles de mercado". Al finalizar el contrato de arrendamiento, la renovación se produce con un alza en los precios de hasta el 60%, tal y como denuncian varios alquilados de una comunidad de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid.
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