La Inspección da un primer golpe a Uber: juicio por 76 riders en situación irregular

Uber es uno de los grandes del sector del reparto de comida a domicilio con su servicio Eats. Hasta ahora había esquivado a la Inspección de Trabajo, mientras sus más directos competidores Deliveroo y Glovo se tuvieron que enfrentar a ella en numerosas ocasiones. Hasta ahora. El organismo ha levantado la primera acta al gigante estadounidense por entender que emplea a falsos autónomos en Madrid y entre ellos a 76 en situación laboral 'irregular'. La consecuencia: ya hay un primer juicio fijado para el próximo mes de septiembre.

Uber opera con su división Eats en España desde 2015, cuando aterrizó en Barcelona. Su estructura es similar a la de otras plataformas: actúa como intermediario entre el restaurante, el 'rider' y el cliente final. Cobra una comisión por esa intermediación tanto al establecimiento como al usuario y paga el resto al repartidor. Es similar a lo que hacen Deliveroo o Glovo. Desde ese arranque tímido hace casi cinco años ha crecido hasta operar hoy en varias decenas de ciudades españolas. Ahora se enfrenta a los primeros problemas.

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Según confirman varias fuentes, la Inspección ha levantado un acta de sanción a la multinacional por su estructura laboral. En estos casos, se suele completar en dos pasos, tal y como explica el coordinador de la asesoría para la economía digital de UGT, Rubén Ranz. El primero: se analiza el número de repartidores que, en opinión del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, operan como falsos autónomos. El segundo: de esa cantidad, cuántos se encontraría en situación irregular por su permiso de trabajo. "Es un problema bastante habitual porque la tramitación de la documentación de asilo ha estado parada durante mucho tiempo", apunta.

Aún se desconoce la cifra total de 'riders' señalados como 'falsos autónomos'. La que sí se conoce que entre esos hay 76 que se encontraban en situación irregular. En estos casos, la administración -a través de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social- abren lo que se conoce como procedimiento de oficio: denuncian ante los tribunales a la compañía para exigir los pagos pendientes de cotizaciones sociales y la regularización de esos empleados. El primero de ellos aún no se ha formalizado. El segundo ya se ha hecho y tiene una fecha para juicio, según apuntan desde UGT -que se presenta como parte de la defensa-. Será en septiembre de este año, en el juzgado número 1 de lo Social.

Es la primera vez que Uber se enfrenta a un caso así. En otros países, el gigante del transporte también ha vivido batallas similares vinculadas a su servicio de viajes con conductor privado. ¿Y en España? No ha habido ninguna batalla, pues opera como una plataforma, pero con una salvedad: los chóferes son, en una inmensa mayoría, empleados por cuenta ajena de otros gestores de flota que trabajan para la compañía. Éstos copan la práctica totalidad de las licencias VTC que operan en el mercado español.

Al margen de Uber, sus competidores también tienen más peleas pendientes en los tribunales. Glovo tiene por delante varios juicios. En marzo habrá uno en Madrid (69 'riders' en situación irregular y 3.200 falsos autónomos, en opinión de la Inspección) y otros dos en Asturias y Zaragoza, según Ranz. A estos se sumará otro en enero de 2022 en Málaga. El aluvión de casos se acelera mientras la Inspección de Trabajo sigue manteniendo su mismo criterio: estos repartidores deberían ser trabajadores por cuenta ajena, contratados por la plataforma y no autónomos.

Mientras todo esto sucede, se está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie y cree jurisprudencia en un sentido u otro. Ya varios tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas se han pronunciado con signo diferente. Ninguna de las partes ha presentado recurso de casación ante el Alto Tribunal. Entre las empresas hay ciertas reticencias a que llegue a la Sala de lo Social, pues hay un riesgo de que acabe fallando en su contra.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene por delante un reto importante: regular este tipo de figuras laborales. La entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró en agosto que el Ejecutivo "debe abordar las sentencias de los juzgados ya que algunas son contradictorias, aunque las más potentes consideran que son trabajadores por cuenta ajena". Las empresas del sector han defendido la puesta en marcha de la figura del 'Trade Digital', es decir, de un trabajador autónomo dependiente vinculado a estas plataformas digitales a través de un contrato mercantil pero con varias protecciones más como el derecho a vacaciones, un salario mínimo, desempleo o formación.