Jueves, 18.07.2019 - 21:57 h
Industria tramita de urgencia un decreto

Los inversores que quieren Alcoa exigen al Gobierno que asegure luz barata por ley

La ministra Reyes Maroto ha expresado su voluntad de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo  antes de las elecciones del 28 de abril.

Alcoa ha anunciado el cierre de dos factorías en España.
Alcoa ha anunciado el cierre de dos factorías en España.

"Lo primero que preguntan (los inversores interesados en Alcoa) es por el estatuto del consumidor electrointensivo". La frase es de un miembro del Gobierno asturiano. Revela el punto más sensible en torno al intento de evitar cierre de las factorías de la multinacional Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias): el precio de la electricidad. Los inversores que se han acercado al Ejecutivo autonómico para una posible compra exigen que, antes de  invertir, el Gobierno central asegure por ley electricidad barata.

El tiempo corre. Alcoa retrasó hasta junio el cierre de las factorías y el despido de 686 empleados. Pero la línea roja se ve muy próxima. Tanto la ministra de Industria Reyes Maroto, como la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, se han comprometido en distintas reuniones con los sindicatos, los comités de empresa de las factorías y el propio Ejecutivo asturiano a aprobar un estatuto del consumidor electrointensivo que abarate la factura final de los grandes consumidores.

La figura que exigen los posibles inversores está incluida en el Real Decreto Ley aprobado en diciembre de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España. Pero tiene que ser desarrollada mediante otro decreto, lo que es un problema dada la batalla política preelectoral en curso. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) quiere que el estatuto afecta a todos los componentes que impactan en el precio final de la energía: precio, impuestos y cargos, peajes de redes, otros costes del sistema y compensación por Co2.

Por vía de urgencia

El Ministerio de Industria empuja. Fuentes del departamento aseguran que el Ejecutivo acordó el 22 de febrero impulsar el estatuto por vía urgente para que esté listo y aprobado antes del 28 de abril.  Pero hay un problema, según sostienen fuentes de la administración asturiana y de las asociaciones empresariales comprometidas (Unesid, Aspapel y AEGE, entre otras): no hay presupuestos aprobados, no hay dinero comprometido y las medidas de apoyo pueden quedarse en simple cáscara.

A medida que se acerca el mes de junio, la preocupación crece en las comarcas afectadas por los cierres. Y también en el Gobierno asturiano. Su presidente, el socialista Javier Fernández, apremia a Maroto para que se usen los fondos que el Estado obtiene con las subastas de derechos de CO2  (1.100 millones en 2018) para bonificar la luz de la industria. La UE permite destinar el 25% de ese dinero (275 millones) a ese fin, pero en el proyecto de presupuestos generales presentado por el Gobierno sólo aparecían 43 millones (3,9%). 

Las rebajas en la factura de la gran industria siempre han sido polémicas. Para que las industrias paguen menos, alguien tiene que pagar más. Porque el sistema eléctrico, por ley, tiene que equilibrar ingresos y gastos. Por eso se ha defendido en muchas ocasiones que los clientes domésticos financian a los grandes clientes industriales.

Subvenciones polémicas

Si la subvención de la electricidad a la industria ha sido siempre polémica, en el caso de Alcoa lo ha sido todavía más. La multinacional firmó una cláusula especial en 1998 con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando compró Inespal por 410 millones de dólares. La cláusula nunca fue publicada, pero garantizaba un precio máximo de la energía para el proceso de producción de aluminio (electrolisis). Estipulaba que la SEPI se hacía cargo de la diferencia si la factura se disparaba.

Las quejas de la multinacional han sido continuas desde hace al menos seis años, cuando la presión de Bruselas obligó a la administración en 2012 a eliminar la tarifa industrial (G4) que abarataba los costes de las grandes empresas. Alcoa apelaba a lo pactado con la SEPI, dirigida entonces por Pedro Ferreras, un hombre de confianza del exministro Josep Piqué.

De aquel compromiso sólo se dijo que recogía precios de referencia en el proceso de electrolisis de 3,8 pesetas (cinco céntimos de euro) durante 10 años y 4,24 pesetas para otros cinco. Pero además, la SEPI se comprometía a propiciar contratos favorables de Alcoa con las eléctricas y a asumir la factura si los precios de la electricidad se disparaban por encima de un determinado nivel. Cuando el pasado se hace presente.

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