La documentación sobre Banco Popular remitida por el Banco Central Europeo (BCE) a la Audiencia Nacional se antoja de tal importancia en el devenir del caso que algunos de los inversores involucrados en el procedimiento están batallando para poder utilizarla en otros frentes legales abiertos por la caída de la entidad.
Entre estos documentos se encuentran los informes resultantes de dos inspecciones, una sobre créditos y otra sobre activos adjudicados, realizados entre los ejercicios 2015 y 2018 cuyo resultado es demoledor para los antiguos gestores de Popular.
En concreto, tras estos trabajos, el BCE detectó que el banco se saltó, al menos desde 2014, la normativa contable, elevó tasaciones de activos inmobiliarios, aprobó refinanciaciones a promotoras en quiebra y usó sociedades pantalla en Luxemburgo para sacar a flote empresas morosas, prácticas que, según el supervisor comunitario, alteraron los resultados del grupo, así como sus ratios de solvencia.
En estas carpetas también figura un informe del Banco de España en el que el supervisor reconoce que Popular contaba con un colchón de liquidez de 600 millones de euros que le hubiera permitido abrir sus ventanillas el día posterior a la resolución el 7 de junio de 2017, así como diversas actas de los encuentros que mantuvo el banco con representantes de Fráncfort.
Ante documentos de semejante calado, Aeris Invest, el brazo inversor de los Luksic, una de las familias más acaudaladas de Chile y que perdió más de 100 millones de euros con la resolución, solicitó a la Audiencia Nacional a comienzos de noviembre testimonio de estos dossieres para poder utilizarlos en la causa abierta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
No obstante, Fernando Andreu, en uno de sus últimos servicios a la causa antes de ser relevado por José Luis Calama como titular del Juzgado de Instrucción Nº4, impidió a los inversores andinos utilizar estas pruebas en Europa amparándose en que las diligencias del sumario del caso son de carácter reservado a las partes hasta la apertura del juicio oral.
Tras interponer un primer recurso contra esta decisión, que fue rechazado, Aeris Invest decidió el pasado 21 de diciembre elevarlo a la sala presentando un recurso de apelación en el que sus representantes legales defienden que el deber de reserva se establece frente a terceros, no frente a las partes.
Así, en el escrito recuerdan que las partes personadas en Europa por la resolución también lo están en la causa penal que investiga la caída de Banco Popular en España. Además, alegan que el derecho de defensa debería prevalecer sobre el derecho de reserva.
La familia Luksic aterrizó en Popular en mayo de 2017, cuando Emilio Saracho ya era presidente y se sabía que el estado de la entidad era delicado, pues ya había tenido lugar la junta de accionistas en la que el banquero anunció que el futuro del banco pasaba por la venta o por una ampliación de capital.
Aparte de los procedimientos civiles y la causa penal ante la Audiencia Nacional, existen frentes legales abiertos por la caída de Banco Popular tanto en Europa, como en Estados Unidos, así como dos arbitrajes internacional, ante el Ciadi y las Naciones Unidas, en los que los inversores mexicanos de Popular reclaman a España 470 millones de euros.
En paralelo, los fondos Anchorage y Algebris, grandes tenedores de bonos de Popular, informaron ayer de que habían presentado una nueva demanda ante el TJUE contra la Junta Única de Resolución (JUR) por no haber realizado el informe de valoración definitivo de la entidad. De este modo, piden la anulación de la resolución.
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