El presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, no está de acuerdo con el ritmo que la UE en general, y España en particular, han asumido en la lucha contra el cambio climático. Su mensaje viene a ser este: es bueno reducir las emisiones contaminantes, pero siempre que no se ponga en riesgo la actividad empresarial y el empleo. Brufau manifestó su posición crítica ante los planes del Gobierno español en la junta general de la compañía y lo volvió a hacer hace unos días en un artículo en el Financial Times (FT). El artículo ha tenido respuesta. Stephanie Pfeifer, directiva de Climate Action +100, que agrupa a grandes fondos de inversión preocupados por el cambio climático ha recordado a Brufau en el mismo medio que "todos los sectores, incluido el del petróleo y el gas" deben asumir su papel para hacer frente con urgencia a la crisis climática.
La respuesta de Pfeifer no es sólo una anécdota. Su carta de respuesta en el FT, titulado 'La descarbonización conlleva beneficios económicos' está dirigida expresamente al presidente de Repsol, a cuyo artículo -'Dejar de prometer y tomar medidas prácticas sobre el cambio climático'- menciona en el primer párrafo para recordar que "cada actor tiene un papel que desempeñar, incluidos los responsables políticos, las empresas y los inversores".
El enfrentamiento no es menor. Pfeifer tiene prestigio, es responsable del Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) y habla en nombre de más de 300 grandes inversores que presionan a las grandes compañías para que asuman como una de sus guías la lucha contra el cambio climático. Detrás de Pfeifer hay decenas de miles de millones en activos manejados por instituciones tan importantes como el California's Public Employees Retirement System (CalPERS), Allianz SE o HSBC Global Asset Management.
Importantes consecuencias
Su presión ha tenido ya importantes consecuencias, como la retirada de inversiones de la London Pensions Fund Authority (5.600 millones de libras de capital, 52.000 empleados) de Exxonmobil. Otras compañías como Royal Dutch Shell o BP han adoptado las recomendaciones de Climate 100+ para reducir su huella de carbono y acercarse cada vez más a las recomendaciones del Acuerdo de París.
Frente a los planteamientos de Brufau, que cuestiona "la demonización de los combustibles fósiles" porque "perjudica la competitividad de los países europeos de consumo intensivo de energía", Climate 100+ y Pfeifer consideran que "los esfuerzos actuales aún no son suficientes si queremos alcanzar la temperatura y los objetivos de reducción establecidos en el Acuerdo de París para asegurar que el mundo evita niveles catastróficos de cambio climático". Para Pfeifer "es necesario hacer más para aprovechar el progreso positivo que Europa ya ha logrado en términos de precios del carbono, eficiencia energética y consumo de energías renovables".
La opinión de Repsol-Brufau es distinta. Cuestiona las políticas gubernamentales para gravar los combustibles fósiles y subvencionar el coche eléctrico -es partidario de apoyar la renovación de la flota convencional- y reclama acciones concretas como plantar más árboles para ayudar a absorber el CO2 emitido a la atmósfera. Todo resumido en "dejar de prometer y tomar medidas prácticas contra el cambio climático".
Empresas que piden
Frente a las propuestas de Brufau, Climate+100 sostiene que "muchas empresas piden ahora un objetivo de emisiones netas en toda la UE para 2050, que fortalecería las señales de inversión y consolidaría el papel de Europa como un líder en cambio climático". Y recuerda al petrolero que "varias empresas europeas, a menudo en sectores de alta emisión, como Maersk, Volkswagen, ArcelorMittal y HeidelbergCement, están marcando el ritmo ellos mismos y comprometiéndose a alcanzar las emisiones netas cero para el 2050 a más tardar".
La posición de Brufau sobre la política medioambiental del Gobierno de Pedro Sánchez provocó un encontronazo público con la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. Esta llegó a asegurar que tomaba al presidente de Repsol, Antonio Brufau, por "un hombre moderno que entendía los tiempos y los desafíos de una empresa energética que tiene por delante unos cuantos interrogantes importantes", subrayando a renglón seguido que que negar la realidad del proceso de cambio económico y social en materia de medio ambiente "no es inteligente". Más que un recado.
En realidad, el enfrentamiento de Ribera no es sólo con Brufau. A finales del pasado año, el sector petrolero, en un acto de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), cuestionó de forma pública y contundente las medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica para prohibir la venta de vehículos contaminantes a partir de 2040.
Desde el anuncio sobre el diésel, las petroleras, conmocionadas, han tratado de debilitar la posición de la ministra Ribera. Lo han hecho con datos sobre el posible impacto de los anuncios de prohibición en la recaudación de impuestos relacionada con los hidrocarburos -17.522 millones en 2017- y con estadísticas de Eurostat que sitúan a España como uno de los países más limpios de la UE; eso sí, en emisiones por habitante.
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