Las autonomías diseñan su propia transición energética

Los inversores en renovables afrontan una maraña de leyes del Clima en CCAA

Hay debate sobre el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos sobre techo -prioritarios en Navarra- o la participación de promotores locales en el negocio.

España se enfrenta a decenas de reclamaciones por el recorte a las renovables.
España se enfrenta a decenas de reclamaciones por el recorte a las renovables.
Solares de Navarra

La tramitación de las normas estatales para llevar a buen puerto la transición energética -Ley de Cambio Climático y Plan Nacional Integrado de Energía y Clima- tiene su espejo en las Comunidades Autónomas. Algunas como Cataluña, País Vasco o Baleares han aprobado leyes que están pendientes de desarrollo; otras como Castilla-León o la Comunidad de Navarra preparan la normativa que guiará el desarrollo de las renovables. 

Las grandes empresas eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, así como las asociaciones más próximas a los inversores en energías limpias intercambian ideas con las autonomías para fijar los límites de las futuras normas. Cuestiones como el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos sobre techo -prioritarios en Navarra- o la participación de promotores locales en el negocio -Comunidad de Valencia- están sobre la mesa.

El proyecto de Ley del Clima aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en tramitación en el Congreso, tardará meses en ser aprobada. Mientras tanto, en paralelo, las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas en cuestiones tan relevantes como la edificación, el urbanismo o la movilidad en su territorio, avanzan con sus planes. "Es una batalla infinita" resume un directivo de una de las asociaciones más activas en renovables. "Con un cierto desbarajuste" apunta el analista de modelos energéticos Javier García Breva.

Lucha política

El papel de las comunidades y de los ayuntamientos en la transición energética, como han puesto de manifiesto las elecciones locales francesas, es un factor determinante  en la lucha política. De ahí que las comunidades autónomas -y en algunos casos los municipios que no quieran quedarse atrás- estén en la carrera para dirigir la transición. En el País Vasco, Cataluña y Baleares, la tarea viene de lejos. En el caso del País Vasco y de Cataluña, de 2017. Y en el caso de Baleares, de 2018, cuando comenzó la tramitación de la ley de cambio climático, publicada finalmente en 2019.

Comunidades como la valenciana han tomado ejemplo. La Generalitat  (PSOE-PSPV, Compromís y Unidas Podemos) ha presentado un proyecto de ley que en algunos casos tiene más ambición que la norma estatal. Donde el Gobierno central maneja una reducción de emisiones en 2030 de al menos un 20%, respecto a los niveles de 1990, el Gobierno autonómico llega al 40%.  Quiere asegurar, además, la participación de promotores locales en los nuevos proyectos de energías limpias, algo siempre espinoso. Este punto en concreto podría "afectar a la competitividad de los planes a desarrollar en la comunidad" en opinión del director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) Jose Donoso.

Consulta pública

Navarra, por su parte, mira a los tejados como uno de los puntos fuertes para la transición energética, el desarrollo del autoconsumo y las comunidades de renovables. La comunidad gobernada por la coalición de PSN, Geroa Bai y Podemos, ha sacado a consulta pública el Anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. Y una vez más supera los objetivos de reducción de emisiones -llega al 45% de reducción respecto a los niveles de 2005 en diez años- y entre otras cosas "obliga al liderazgo de las Administraciones públicas en el proceso". Como Valencia, también Castilla-León y Canarias, que declaró el Estado de Emergencia Climática, están en la carrera de las nuevas normas climáticas.

Ambición no falta. La Ley de Sostenibilidad Energética del País Vasco, publicada hace un año, prevé la exigencia de certificados de eficiencia energética a todos los edificios residenciales antes del 31 de diciembre de 2022; un 32% de energías renovables en los edificios públicos de todas las administraciones -ayuntamientos incluidos-, y que los nuevos edificios "o que sean objeto de reformas importantes" sean de consumo energético casi nulo. 

Como la vasca, la ley catalana, recurrida por el Gobierno de Rajoy y avalada por el Tribunal Constitucional, está a la vanguardia:  crea un fondo público para impulsar el fomento de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico -una cuestión especialmente polémica-, las viviendas energéticamente eficientes, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad. Pero no basta con aprobar objetivos. Para cumplirlos hay que desarrollar las leyes. Y se observan lagunas. El diablo está en los detalles y ahí acaba la negociación. Los inversores, especialmente los grandes, lo saben.

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