Lunes, 19.08.2019 - 16:54 h
Las eléctricas han cambiado 27 millones de aparatos

La Fiscalía topa en su investigación sobre los contadores con nuevas leyes de la UE

La directiva del mercado interior de electricidad, publicada en junio, refuerza la idea de que los aparatos digitales deben facilitar el ahorro.

Gráfico contadores.
Gráfico contadores.

La Fiscalía General del Estado aceptó en marzo una denuncia de la plataforma ciudadana Qae (Quiero Auditoría Energética) para investigar la sustitución de 27 millones de contadores por parte de las compañías eléctricas. La denuncia sostiene que las empresas "no cumplen con la directiva europea de eficiencia energética" ya que han ido más allá de lo que marca la legislación comunitaria (Directiva 2012/27/U), aún pendiente de transposición. La Fiscalía aceptó los argumentos y nombró incluso un fiscal especial para dirigir una investigación que se puede prolongar más allá de lo previsto. La razón es que la UE ha aprobado una nueva directiva (2019/944) que modifica la del año 2012 y que también alude a los cambios en el parque de contadores. La nueva norma no entrará en vigor hasta diciembre de 2020.

El último escrito del fiscal de Sala de la sección de lo Civil a los denunciantes, de fecha 26 de junio, informa a estos de la existencia de la nueva Directiva "a los efectos procedentes". La directiva recoge  que los Estados deben garantizar "el despliegue de sistemas de medición inteligentes" y el despliegue al menos "al 80% de los clientes finales en un plazo de siete años"R.

La nueva norma contiene además un artículo que puede resultar controvertido. Se trata del artículo 22 y tiene dos puntos principales: establece que cuando los clientes finales no dispongan de contadores inteligentes, los Estados miembros se asegurarán de que disponen de contadores individuales convencionales que midan con precisión su consumo real; además, tienen que asegurar que puedan ser leídos directamente o indirectamente a través de una interfaz en línea o a través de otra interfaz adecuada.

Retrasos en la investigación

El hecho de que la Fiscalía considere la nueva normativa comunitaria para gestionar la denuncia retrasará la decisión de continuar su tramitación  -por vía civil o penal- o desestimarla. Desde el punto de vista de los denunciantes, la nueva directiva de mercado interior de la electricidad no cambia la situación. Si acaso, reafirma sus argumentos. "No aporta ningún elemento sustancial que genere un cambio profundo en el objeto y esencia de nuestro requerimiento" sostiene en un escrito de contestación a la Fiscalía.

El núcleo de la reclamación se mantiene. Según los denunciantes, las eléctricas han cambiado los aparatos sin informar adecuadamente a los clientes, excediéndose sobre lo dispuesto en la normativa comunitaria y cuando aún no se ha incorporado a la legislación nacional la Directiva de Eficiencia Energética. La denuncia hace hincapié en que la legislación comunitaria establece que los contadores, además de tener un precio competitivo, deben reflejar exactamente el consumo real de energía del cliente final y proporcionar información sobre el tiempo real de uso.

Toda la argumentación se basa en la normativa del año 2012, reforzada ahora por la recién aprobada. Ninguna de las dos está incorporada a la legislación nacional, pero sí dejan claro cómo debe ser la relación de los nuevos aparatos con los clientes: reclaman que el contador facilite a los consumidores información sobre la hora exacta de utilización; que sus funciones tengan en cuenta los objetivos de eficiencia energética; que garanticen la privacidad y seguridad en la trasmisión de datos, y que puedan dar cuenta de la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones del consumidor final (autoconsumo). 

Denuncia y planes

Tras la denuncia y los planes de las empresas para cambiar 27 millones de aparatos hay un debate sobre el proceso de sustitución y para qué debe servir. Las dos directivas de la UE sobre eficiencia energética y mercado interior de la electricidad convergen en una misma idea: los nuevos contadores digitales deben facilitar la eficiencia energética mediante el acceso del consumidor a sus datos de consumo en tiempo real, incluida la electricidad que puedan generar ellos mismos. Todo con  un propósito: reducir la demanda energética. Se trata de ahorrar y no sólo de facilitar mediante lecturas remotas y gestión de datos el negocio de las empresas.

Para las eléctricas, la controversia sobre los nuevos contadores es un tema muy delicado. La inversión global en los nuevos aparatos digitales supera los 2.500 millones de euros. No es sólo un desembolso en la compra de aparatos, sino en toda la infraestructura que lleva la recogida de datos y el acople en la red. Todo para facilitar la lectura del consumo por tramos de horarios y sin necesidad de que un operador de la compañía se desplace al domicilio. Es un ahorro de costes para las empresas y, teóricamente, una mayor facilidad para que el usuario controle su consumo.

Como en toda inversión, las compañías esperan un buen retorno. Con el más bajo de los cálculos -un alquiler de contador de 0,81 euros/mes, multiplicados por 12 meses y 27 millones de aparatos- el resultado es de unos ingresos de 272 millones de euros al año. Según la asociación eléctrica Alec, la vida estimada de los nuevos contadores inteligentes es de 15 años. Así que la cuenta final de ingresos por los nuevos aparatos ronda los 4.000 millones. Con un detalle más: las eléctricas mantuvieron los antiguos contadores analógicos hasta 20 y 30 años en muchos casos.

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