El BBVA ha reducido en un 10%, hasta 2.800 millones de euros, la exposición que tenía en su balance por el efecto de una sentencia desfavorable sobre los créditos negociados con el Indice de Referencia del Mercado Hipotecario (IRPH) por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que será publicada el próximo 3 de marzo, tal y como señala la entidad en el informe sobre sus cuentas. Hace apenas ocho meses, la entidad admitía que mantenía créditos con ese tipo de interés de referencia por valor de 3.100 millones, si bien los vencimientos y los procesos de renegociación que ha podido llevar a cabo con los clientes afectados han servido para reducir de forma significativa esa deuda.
Desde el banco que preside Carlos Torres se aferran a la sentencia que sobre el uso de este tipo de referencias hizo el Tribunal Supremo español en diciembre de 2017, que establecía que no era posible determinar su falta de transparencia ni calificarlos como cláusula abusiva del contrato de hipoteca, de forma que avalaba con ello las actuaciones de muchos grandes bancos y cajas de ahorros españolas. El varapalo llegó el pasado mes de septiembre, cuando el abogado general del citado tribunal emitió su opinión sobre el caso (no vinculante) y advirtió que, aunque se trate de un elemento esencial del contrato y se pudiera haber negociado de forma transparente, el IRPH sí se puede considerar abusivo, si bien será necesario que los jueces nacionales hagan las comprobaciones necesarias para analizar caso por caso y decidir donde hubo falta de transparencia a la hora de negociar la hipoteca, y donde no.
Tal y como reconoce el banco español en su informe, "el impacto de una eventual resolución desfavorable del TJUE es difícil de estimar a priori, pero podría llegar a ser material". Por un lado, el cálculo de lo que al banco le puede suponer dependerá de si en la sentencia se especifica el tipo de interés de referencia por el que se debe sustituir el IRPH en todas las financiaciones abiertas; por otro lado, el tribunal debe establecer también si ese cálculo se debe hacer de forma retroactiva, desde el día en que se firmaron cada una de las hipotecas afectadas.
Las últimas estimaciones realizadas por todas las entidades financieras que dieron créditos con IRPH durante el boom de la venta de viviendas previo a la crisis apuntan a que hay más de un millón de personas afectadas en España, de forma que el coste de una sentencia muy desfavorable para las entidades financieras puede superar, en conjunto, los 44.000 millones de euros, una cifra similar al coste que tuvo el rescate bancario en España. Todas los bancos con este tipo de hipotecas han acelerado en los últimos años la renegociación de las cláusulas con sus clientes a cambio de la retirada de las demandas, para reducir la litigiosidad posterior a la sentencia que puede generarse.
Cambio de jurisprudencia en el Supremo
Los servicios jurídicos del BBVA y de otros bancos implicados en este proceso legal se aferran a la sentencia del Supremo español, que consideraba que el IRPH era un índice legal, considerado como una de las referencias oficiales que se podían utilizar en el mercado español en ese momento, que era calculada por el Banco de España y se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Pero ese afán de legalidad puede verse truncado el día 3 de marzo si la sentencia final estima que las negociaciones para 'vender' estas hipotecas pudieron no ser transparentes y se declara su carácter abusivo y su sustitución por otras referencias más baratas en esa época. Esa posibilidad obligaría incluso al Tribunal Supremo a cambiar su criterio de diciembre de hace tres años y adaptar su sentencia a las nuevas pautas que marque el TJUE.
Aparte de este caso, el informe de cuentas que ha publicado este miércoles el BBVA señala otros dos grandes riesgos reputacionales más para la entidad que pueden afectar a sus resultados. El documento advierte que existen también reclamaciones "que cuestionan la aplicación de determinadas tasas de interés y otra normativa imperativa a determinados contratos de tarjetas de crédito revolving". Todo ello aparte de las reclamaciones habituales que el banco suele tener en materia de competencia en algunos de los países en los que opera.
Por último, el banco también se hace eco en su informe del riesgo material y reputacional que puede suponer la implicación del banco en una de las piezas del caso Villarejo, por la contratación que realizó de su empresa Cenyt entre 2004 y 2017, un proceso que está siendo instruido en la Audiencia Nacional y que implica sobre todo a su expresidente, Francisco González, y a algunos de los directivos de la etapa anterior. Es más, el informe coporativo también publicado ayer advierte que el 'forensic' realizado sobre esta cuestión en el seno de la entidad denuestra que no hay una implicación directa con este caso en los actuales directivos y consejeros del banco.
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