El Gobierno ha aprobado el parche que contendrá temporalmente los efectos sobre el ciudadano de la histórica subida de los precios de la electricidad. El pasado jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, zanjaron con la rebaja del IVA de la luz del 21 al 10% un 'tira y afloja' que había trascendido más allá de sus departamentos. La medida, adoptada 'in extremis' y de forma coyuntural, será válida de aquí a final de año, lo que supone que el alivio para el bolsillo de los consumidores será limitado en tiempo y en alcance, dado que implica trasladar golpe del sobrecoste eléctrico a las arcas públicas.
El decreto ley que aprobaron el pasado jueves la ministra portavoz, María Jesús Montero, y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se presenta como un encaje de bolillos fiscal que más que atacar la raíz del problema se limitará a 'maquillar' el recibo de la luz mientras dure la tormenta en el mercado eléctrico. El descuento nace con condiciones, pues se limitará a los consumidores -tanto del mercado regulado como libre- con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios (kW), siempre y cuando el precio medio mensual del mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros/MWh.
La rebaja fiscal sobre la que el Ejecutivo ha articulado su contraataque contra los desorbitados precios a los que el país está pagando el megavatio a lo largo de este mes de junio, estará acompañada de otras dos medidas: la rebaja del IVA eléctrico al 10% a todos los consumidores vulnerables (sin importar la potencia que tengan contratada ni el precio medio de la luz) y la congelación del impuesto a la generación eléctrica del 7% hasta que termine el verano. La batería de medidas costará a las arcas del Estado hasta 1.300 millones al año, según las estimaciones de la Airef.
Como los gobiernos anteriores, el Ejecutivo de coalición ha respondido con medidas transitorias a los males endémicos del sistema eléctrico nacional. La escalada en el precio de la luz se explica, en buena medida, por el modelo de fijación de precios de nuestro país. Cada día, el conjunto de tecnologías generadoras (nuclear, hidráulica eólica...) se incorporan al mercado según marcan los precios ofrecidos por orden ascendente hasta que la oferta casa con la demanda. Al final de la jornada, la luz se paga al precio ofrecido por la última tecnología en incorporarse al sistema, esta es, la más cara. Este puesto lo ocupa el ciclo combinado, cuyo precio se halla en máximos por el encarecimiento del gas.
La efectividad de la rebaja fiscal transitoria se verá limitada de forma sustancial si, como se espera, los precios del gas y del CO2 continúan al alza. Precisamente, gracias al encarecimiento de los derechos de emisión de carbono el Estado ingresará un jugoso 'extra' este año. Hacienda cifró en 1.200 millones los ingresos por este concepto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. La cifra se basó en los 25 euros/tonelada a los que entonces cotizaba el CO2, pero a lo largo del primer semestre el precio medio del carbono ha ascendido por encima de los 43 euros.
La rebaja fiscal del Gobierno restará unos 1.300 millones a las arcas públicas que, en contrapartida, se beneficiarán de otros 2.300 millones, en el peor de los casos, por el alza del CO2
La revalorización implica que las arcas públicas se beneficiarán, finalmente, de entre 2.300 y 2.800 millones de euros por los derechos de emisión. Este giro ha centrado buena parte de las críticas que se han disparado contra las reformas energéticas que ha impulsado el ministerio de Ribera, desde la nueva tarificación por tramos horarios hasta el coto a los beneficios caídos del cielo de las grandes eléctricas. Desde la bancada de la oposición también han defendido que la inyección de ese 'extra' por CO2 al sistema eléctrico podría paliar la subida del recibo de los consumidores con más agilidad que la que prometen los diferentes ajustes legales aprobados por el Ejecutivo.
La rebaja fiscal del Gobierno extraerá unos 1.300 millones de la hucha estatal que, en contrapartida, se beneficiarán de otros 2.300 millones, en el peor de los casos, por el alza del CO2. El acuerdo entre Ribera y Montero de acometer el anunciado tijeretazo al IVA y al impuesto de generación, implica trasladar a las arcas públicas la factura del sobrecoste de la luz en lugar de emplear los beneficios generados por el propio modelo en concepto de derechos de emisión. En definitiva, será Hacienda quien pagará los platos rotos de la escala de la luz hasta 2022. Y Hacienda somos todos.
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