Courbasa SA, sociedad de la que José Luis Escrivá, ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, era vicepresidente, fue vendida al empresario Bernardo Martín apenas seis meses antes de quedarse sin financiación y con una importante deuda. Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso La Información y que esta íntimamente relacionada con la pérdida de la casa por parte de un centenar de familias en el madrileño barrio de Tetuán tras esta operación.
La referida sociedad era propietaria de la junta de compensación Tiziano-Dulcinea a la que un centenar de familias aportaron terrenos a cambio de una vivienda futura a finales de los años 90. Para la construcción de estas nuevas casas, Courbasa, de la que -según el Registro Mercantil- Escrivá era vicepresidente, solicitó un crédito promotor que debía ser dedicado a la construcción por un importe total de 6.550 millones de pesetas (39 millones de euros) del Banco Popular Hipotecario, una filial de la entidad del mismo nombre.
En concreto, en las cláusulas de dicho contrato firmado el 19 de junio de 2000 de "préstamo con hipoteca (promotor)" al que ha tenido acceso este medio, se señala que se "otorga al promotor, la Junta de Compensación del Plan Especial de Reforma Interior 6.7 "Tiziano-Dulcinea", un préstamo (...) con destino a la construcción de las ocho fincas descritas en esta escritura y garajes en bajo rasante" y pone sobre la mesa la posibilidad de que los futuros adquirientes se subroguen a él.
El plazo de duración del mismo terminaba el 4 de julio de 2028, pero estaba dividido en dos periodos. El primero de ellos era de carencia y cubría, como máximo, hasta julio de 2003. La segunda parte era el considerado como periodo de amortización, con una duración de 25 años, a contar desde el fin del primer plazo. El mismo documento también incluía una cláusula por el cual el deudor, la propia Courbasa, "perderá el derecho a utilizar el plazo y el banco podrá reclamar anticipadamente la devolución del capital prestado".
Esta disposición se activaría, entre otras cosas, "si llegado el día 4 de julio de 2003 no se hubiesen finalizado las construcciones de los inmuebles". Antes de que esto ocurriese, el 22 de marzo de 2002, se refinanció parcialmente un crédito con garantía hipotecaria de los socios de la firma de la que Escrivá era vicepresidente hasta un límite máximo de 43,2 millones de euros, "con aval complementario de los socios de Courbasa y sus esposas", tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este medio.
Con el plazo de vencimiento a seis meses vista y sin casas construidas como exigía la citada cláusula del préstamo promotor, los accionistas de Courbasa venden la totalidad de las acciones de la compañía en diciembre de 2002 al empresario andaluz Bernardo Martín, hoy fallecido. La operación se materializó a través de un contrato en el que, como ya publicó este medio, se reflejaban las viviendas que debían otorgarse, una vez construidos los edificios, a los socios de Courbasa, pero no al resto de familias que aportaron terrenos a la junta de compensación.
Debido a la situación de la compañía vendedora, la mayor parte de las acciones estaban pignoradas en garantía del préstamo hipotecario contraído con el Banco Popular Hipotecario, no así las de tres minoritarios que se encontraban "libres de toda carga". Con la llegada de Bernardo Martín se modifica el nombre de la sociedad -pasando a denominarse Quantia Inversiones- y se cesa en el cargo a sus antiguos gestores, entre ellos al propio Escrivá.
El 16 de junio de 2003, a apenas tres semanas del vencimiento del crédito promotor con Banco Popular, el nuevo propietario trasmitió gran parte de las fincas de la junta de compensación a una sociedad de su propiedad, Somersen SA, según consta en la documentación judicial. De acuerdo con ella, "Somersen expresamente se subrogaba en la hipoteca a favor de Banco Popular Hipotecario". Solo unos días después, Martín, a través de Somersen, firmó un préstamo hipotecario con Banco Pastor, integrado después en Popular y posteriormente en Santander, sobre seis parcelas por un valor total de 77 millones de euros.
La amortización del principal de dicho préstamo, en todos los casos, se realizaría al vencimiento del mismo, fechado para el 31 de julio de 2005, apenas dos años después de la firma. Pero Somersen no pudo pagar y fue a la quiebra, entrando en concurso de acreedores, situación en la que sigue en este momento. Los damnificados, al igual que la propia administración concursal, denuncian que "era previsible" que dado los plazos de pago de este préstamo la empresa no podría hacer frente a él.
Según consta en una demanda presentada por los administradores concursales para tratar de rescindir las hipotecas constituidas sobre determinadas fincas y que trata de demostrar que se concedieron "de mala fe" y en "fraude de acreedores" se señalan varios razonamientos. Entre ellos destaca el escaso plazo, apenas 27 días, desde la trasmisión efectiva de las parcelas hasta que el Banco Pastor concede los nuevos préstamos. "Esto quiere decir que el Banco Pastor ya venía evaluando la operación mucho antes y, por tanto, actuando de forma concertada junto con la propia Somersen", señala el documento.
"Llama mucho la atención que en el proceso de estudio y análisis de la operación no se percatase de la situación social, del hecho de que los contratos firmados por Courbasa con los aportantes no permitían que esta se sobre-hipotecase las fincas por encima de determinados importes", señalan en la documentación. Para los administradores concursales y los afectados, llama también la atención que "al vencimiento de los préstamos (...) no se solicitara por el Banco Pastor el concurso necesario de la sociedad".
Mientras tanto, y más de una década después de esta última demanda, los aportantes de suelo originales, la mayor parte de ellos octogenarios, siguen sin sus viviendas y sobre muchas de ellas pesa aún una importante carga hipotecaria que ellos no firmaron. El ahora ministro ocupaba el cargo de vicepresidente en una sociedad familiar en la que representaba a su madre, Mercedes Belmonte, dedicada a la promoción inmobiliaria, tal y como consta en el registro mercantil. Courbasa SA fue sancionada por Hacienda por impagos del IVA durante cuatro ejercicios fiscales, entre los años 1996 y 1999, según la documentación a la que ha tenido acceso La Información.
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