Mientras que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, escucha desde media mañana de primera mano a los magistrados que el pasado jueves dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, ya llegan las primeras voces desde dentro de la judicatura que exigen una reacción inmediata.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido hoy la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, por su "nefasta gestión" de la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. En un comunicado, la asociación recuerda que el pasado jueves 18 se dio a conocer una sentencia de la sección segunda de la sala Tercera del Supremo que estimaba que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año,
Este grupo de jueces estima que "sorprende" la actuación de Díez-Picazo, que "en una actuación sin precedentes", al día siguiente de conocerse la sentencia y ante "su enorme repercusión económica y social", acordó "con carácter urgente dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar".
Desde JJpD señalan que son conscientes "de que las resoluciones de juezas y jueces tienen impacto, no sólo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto", y recuerdan a Díez-Picazo que él mismo firmó en enero de este año un auto en el que se reconocía que se había abierto "un debate doctrinal" sobre un asunto "que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso".
No existen precedentes de esta "insólita actuación" de Díez-Picazo, prosigue el comunicado, que ha generado "incomprensión y mala imagen" para la administración de justicia, con su "nefasta gestión" de un asunto "del que es único y exclusivo responsable". Además de alarma social, se ha generado desconcierto en la ciudadanía, que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, además de inseguridad jurídica.
Todo ello ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, añade la nota, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces.
Por su parte, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) ha mostrado, en un comunicado, su "perplejidad y desacuerdo" con la suspensión de los señalamientos, al entender que lo correcto "debe ser la continuación" de todos los recursos pendientes. En su opinión, la repercusión económica y social alegada por el Supremo el pasado viernes "no es justificación suficiente" en tanto que "excede la misión constitucional del Poder Judicial y el principio de separación de poderes, pretendiendo asumir un papel protagonista en la dirección económica del Estado".
Motivos por los que lamenta cualquier criterio que no beneficie a los sectores sociales "más desfavorecidos frente a los intereses de los poderes financieros que, en ningún caso, deberían prevalecer sobre las instituciones democráticas".
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