La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha admitido a trámite formalmente la denuncia y querellas que dieron origen el pasado día 21 a la incoación de diligencias previas contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de esta entidad por irregularidades en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.
Según ha informado en una nota una de las acusaciones populares, ejercida por Vox, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones y tráfico de influencias. En la misma resolución, la instructora confirma la personación en la causa de la formación liderada por Santiago Abascal y ordena la práctica de determinadas diligencias documentales solicitadas por ésta. Así, libra oficio a la SEPI para que remita las actas del Consejo Rector sobre Plus Ultra, y reclama también el acta del Consejo de Ministerio en el que se autoriza la ayuda, los informes de la Comisión de Evaluación y demás informes técnicos junto con los expedientes de todas las solicitudes que concurrieron en este expediente.
El juzgado también solicita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea información sobre las aeronaves de la aerolínea desde 2011 hasta la actualidad, así como las operaciones realizadas entre 2018 y 2021. Igualmente, libra oficio a la entidad Plus Ultra, la Entidad SNIP Aviation, S.L y Sky Solution, S.L. para que presenten las actas de titularidad real de las acciones y participaciones respectivas; así como a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social para que remitan las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales 347 y certificado de deudas de la entidad Plus Ultra y SNIP Aviation.
Identificación del consejo
En el momento de incoar diligencias, Collazos reclamó a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda y la identificación consejo de administración, en el que figuran más de una decena altos cargos del Gobierno. Recientemente fue designada como presidenta Belén Gualda y además de Lora completaban el Consejo de Administración a la hora de tramitar la ayuda a la compañía aérea Esperanza Casteleiro Llamazares, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Con menor cargo figuraban también en este órgano de Administración María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; María Isabel Valldecabres Ortiz, que es directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda.
La decisión inicial de la juez respondió a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y posteriormente Vox también presentó querella, que este mismo lunes la amplió para añadir los delitos de prevaricación y malversación a los que ya apuntaba contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho. La juez también ha aceptado la personación en la causa igualmente como acusación popular del PP.
La denuncia inicial se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios. A juicio de Manos Limpias, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como "más que razonable 'notitia criminis'", apuntaban la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.
Respuesta de la SEPI
Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas expresaron en el momento de incoarse diligencias a Europa Press una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.
Señalaron también que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Añadían que no se trata de una subvención a fondo perdido, pues Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos de la Covid-19.
Además, apuntaron que una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea, vigilando el cumplimiento del plan de viabilidad pactado en la operación, elaborado para la compañía por Price Waterhouse Coopers. Como datos económicos, subrayaron que en 2019 Plus Ultra facturó 100 millones de euros, generando empleo directo a 350 personas e indirecto a 2.500. En las rutas que opera (desde Madrid y Tenerife a Ecuador, Perú y Venezuela especialmente) ha alcanzado una cuota superior al 11%, transportando 176.000 pasajeros, según datos del último ejercicio anterior a la aparición de la pandemia.
En la concesión de esta ayuda financiera temporal, como en la aprobada el pasado noviembre para Air Europa y en marzo de este año para Avoris, el Fondo ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España el turismo, sector que representa más del 12% del PIB contando también con toda la cadena de valor que genera para la actividad económica y el empleo.
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