La figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que el Gobierno desarrolló para proteger millones de empleos de la destrucción a la que se exponía por la crisis sanitaria ha traído mucha polémica, sobre todo a medida que se ha iniciado la recuperación. Pese a que muchas empresas han seguido utilizando esta fórmula como dique de contención frente a ajustes más severos como los despidos colectivos, los representantes de los trabajadores han denunciado un uso partidista y desproporcionado. Así ha ocurrido en el gigante aeronáutico Airbus, donde se ha impugnado ante la justicia el último gran ajuste y se prevé que la Audiencia Nacional incline la balanza en los próximos meses.
La justicia ha citado a un acto de conciliación previo a la posible celebración del juicio a los representantes de la empresa en Madrid el 11 de noviembre para dirimir si la extensión del ERTE para más de 1.100 empleados de sus fábricas de Getafe (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz) en la división Comercial tiene sentido. El ERTE, además, se planteó a largo plazo (finales de 2022) como pretexto para no tener que recurrir a ningún tipo de ERE. Ahora, la decisión del tribunal es consecuencia de la denuncia del comité de empresa (CCOO, UGT, ATP SAE, SIPA), que no llegó a un acuerdo con el grupo el pasado mes de julio y presentó una demanda impugnando la decisión unilateral de la dirección.
De acuerdo a la documentación consultada por La Información, los denunciantes explican que la dirección de Airbus no negoció de buena fe e hizo caso omiso a la petición de documentación sobre el estado económico de la compañía, así como las perspectivas de evolución para los próximos meses. Como proveedor aeronáutico, el rendimiento de la compañía ha estado fuertemente ligado a la evolución epidemiológica, sobre todo por el lado de las restricciones a la movilidad, el avance de la vacunación y la combinación de ambos factores en las aerolíneas.
"No ha existido una verdadera negociación con la empresa, dado que la propuesta no ha cambiado en ningún momento. En las últimas reuniones, definieron detalles que no se habían tratado previamente, pero sin una modificación de la propuesta inicial", explica la parte social en su escrito. Otro de los motivos expuestos es la inexistencia de causas económicas suficientes para llevar a cabo el proceso. Consideran que la propuesta de la empresa no es adecuada ni proporcional, ya que en los últimos meses la situación ha repuntado. Por ejemplo, la división comercial del grupo aumentó la facturación en la primera mitad de este 2021 hasta los 17.813 millones de euros, lo que supuso una subida del 42% de los datos del año anterior. En opinión del comité de empresa, la situación de Airbus es "favorable, con nivel suficiente de patrimonio neto que le permite hacer frente a la situación que se plantea con la crisis sanitaria".
Airbus siempre ha afirmado que la pandemia ha supuesto un duro golpe para su negocio. Aunque las divisiones de Defensa y Helicópteros resistieron con mejor medida la parálisis de la actividad económica, la rama comercial (Airbus Operations SL) acusó el parón en los pedidos de nuevos aviones y fue responsable de los 1.133 millones de pérdidas al cierre de 2020 y la cancelación de cualquier reparto de dividendo. Fue por ello que el gigante aeronáutico participado por el Estado a través de la SEPI y por otros gobiernos europeos anunció una batería de medidas paliativas para minimizar su estructura de costes.
Junto a los ERTE, muchas de las decisiones dirigidas a minimizar la estructura de costes giraron en torno a salidas voluntarias, planes de movilidad interna entre plantas e incluso permisos de años sabáticos. Sobrepasado ya el primer año de la crisis sanitaria, las medidas temporales continuaron porque, según explicó la compañía en mayo, quedaban "460 posiciones por resolver".
ERTE nulo en plena pandemia
A la espera de la resolución, el ERTE de Airbus podría seguir el camino de muchos otros procesos de regulación temporal de empleo que han sido anulados por la justicia. En su razonamiento jurídico, la parte social encuentra similitudes con el ERTE de la empresa de transportes Rhenus Logistics, que cuenta con más de 130 trabajadores en el País Vasco. Dicho conflicto se zanjó en contra de la dirección, porque los magistrados que supervisaron el caso entendieron que la negociación no había "desarrollado un válido periodo de consultas" y que la documentación puesta a disposición era "manifiestamente insuficiente".
El sector industrial ha vivido experiencias similares en los últimos meses. Un caso paradigmático lo protagonizó ArcelorMittal. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional decidió declarar nulo el ERTE en sus centros de España porque, a su parecer, la empresa siderúrgica propiedad del multimillonario Lakshmi Mittal no había sido capaz de acreditar una causa productiva diferente de la que motivó el anterior ERTE, de 2009, que todavía seguía vigente. En otros sectores, la Audiencia Nacional declaró también nulo el ERTE por fuerza mayor para 502 trabajadores de la empresa Konecta. Tras el fallo, la empresa de contact centers, una de las más grandes de su industria, fue obligada a devolver al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las prestaciones y bonificaciones en las cotizaciones obtenidas previamente.
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