El juzgado de instrucción Número 52 de Madrid concluye que el el archivo de las diligencias y sobreseimiento provisional que se abrió contra 29 sociedades emparentadas con el Grupo Restalia, entre las cuales destacan 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger, a causa de una denuncia presentada de algunos franquiciados por los presuntos delitos de estafa, organización criminal, delitos informáticos y coacción.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado ha concluido que "la denuncia contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales".
En la resolución, firmada ayer lunes, el instructor ha precisado que los argumentos recogidos en la denuncia "no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis". La causa tenía su origen en una denuncia interpuesta por los despachos Rafael Franco Abogados, Cremades y Calvo-Sotelo en la que se acusaba al Grupo de causar un supuesto perjuicio de unos 19 millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto
En 10 folios, el juez ha señalado que no ve "elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno" por parte del Grupo Restalia hacia los denunciantes. "Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma", ha zanjado.
Según consta en la resolución, los denunciantes precisaron que el engaño se había producido porque les habían ocultado "de manera deliberada" la existencia de acuerdos con los proveedores que harían que las franquicias resultaran "inviables" y porque les hicieron creer que los negocios de restauración darían unos beneficios que en verdad nunca serían factibles.
No se contempla el engaño
Al hilo, el juez ha considerado "rechazable" que "se pretenda sostener una imputación de estafa sobre la base de que el franquiciado debe tener un precio de venta al público de los productos marcado por el franquiciante, o que los proveedores han de ser los que establezca el franquiciante, o que el franquiciado debe acatar los cambios del menú por caso que se establezcan a nivel de todo el territorio nacional". Además, ha recalcado que "es normal y no puede reputarse como engaño el que el franquiciante presente de la mejor manera posible, con las cifras más presentables y las expectativas máximas sus negocios".
En el marco de la resolución, el instructor ha incidido en el hecho de que los denunciantes "no son meras personas físicas ignorantes del mundo de los negocios", sino personas que quieren "dedicarse profesionalmente a la restauración, a una gestión empresarial, etcétera". "Se presume en los denunciantes la capacidad básica y elemental para entender el negocio que se les propone y las grandes cifras que comporta", ha añadido.
Informe pericial
Al margen, el titular del Juzgado ha hecho referencia al informe pericial que encargó en el marco del procedimiento y en el que se menciona que, en los casos concretos de los denunciantes, todos "se vieron afectados al poco de iniciarse la actividad de franquicia por la epidemia del Covid-19".
Así las cosas, ha asegurado que tal acontecimiento "por sí solo es apto como para echar por tierra las expectativas más precisas y conservadoras de negocio, pues particularmente en el ámbito de la restauración, la epidemia supuso una merma radical en sus facturaciones".
Además, el instructor ha recordado que un "gran número" de franquiciados de The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña o La Sureña Blue actualmente "siguen abiertos al público" con una actividad lo suficientemente rentable como para mantenerse en el negocio.
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