Los nueve interrogatorios que van a tener lugar sobre la relación del excomisario Villarejo y el BBVA sobre los supuestos trabajos de espionaje político y empresarial que se realizaron para el banco, servirán para esclarecer los hechos y, en su caso, elevar la responsabilidad penal a la cúpula del banco y a la cabeza de su expresidente, Francisco González. Fuentes jurídicas cercanas a la causa aseguran que el hecho de que el juez haya llamado a declarar al que fuera número dos de la entidad, el exconsejero delegado Ángel Cano, y a toda la gente que junto a él podía manejar pagos a Cenyt, la empresa de Villarejo, apunta a que se buscan hechos concretos que puedan ser constitutivos de delito e implicar al máximo responsable del banco.
Todas las partes personadas en la causa esperan que estas pesquisas que el magistrado Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto en marcha, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, puedan aportar a la causa más datos sobre los que sustentar las diferentes responsabilidades penales que pudiera haber. El sumario de la pieza ‘Trampa’, que es como se denomina a este caso dentro de la macrocausa contra Villarejo (caso ‘Tandem’), se mantiene todavía en secreto, para no entorpecer las investigaciones en marcha a los implicados en los pagos del BBVA a Villarejo, si bien se espera que, una vez realizados los interrogatorios, se puede abrir el sumario a las partes después de verano.
Será en ese momento, cuando las partes conozcan los detalles que ahora no han salido a la luz sobre los registros realizados en su día y los interrogatorios que se practiquen la semana que viene, cuando se puedan dilucidar y reclamar las responsabilidades penales al máximo nivel, si fuera necesario. No se descarta que el propio juez, cuando conozca las versiones de todos los llamados a declarar como imputados ahora, puede elevar el caso y hacer que sea el propio Francisco González quien vaya a declarar, por entender que existen los suficientes indicios de delito como para hacerlo.
En el contrato realizado con Cenyt se justifican la mayor parte de los pagos en la realización de informes sobre riesgo-país que podían afectar al banco, si bien de las escuchas e informaciones publicadas se deriva que lo que Villarejo hizo fue espiar miles de teléfonos, entre ellos los de algunos empresarios y políticos cercanos a la presidencia del Gobierno, por entender que estaban preparando una estratagema para dar un golpe de mano en el banco y quitarle la presidencia a FG.
La clave está en Corrochano
Dentro del ámbito penal, una de las claves que tanto el juez como los fiscales quieren escudriñar es la existencia de alguna prueba documental sobre los pagos realizados a Villarejo desde las cuentas investigadas del BBVA, que pueda ser contraria a la ley por posibles delitos de cohecho pasivo (pago a funcionarios), revelación de secretos o administración desleal, entre otras infracciones dentro del derecho societario.
En ese escenario penal, una de las claves de los interrogatorios estará en el papel que jugó en todo el entramado el exresponsable de seguridad del banco, Julio Corrochano, que había trabajado antes con Villarejo y que era el enlace para los trabajos que este último realizó para la entidad. Corrochano y el exconsejero delegado, Ángel Cano, formaban parte del círculo más cercano de Francisco González en la época en la que se realizaron las escuchas y los años posteriores en los que se prolongó la relación de la empresa de Villarejo con el banco.
Las fuentes consultadas advierten que es imposible en este caso plantear una posible responsabilidad del banco como persona jurídica, dado que tal posibilidad se introdujo en el Código Penal en el año 2010 y no se contemplaba cuando se produjeron los hechos. Eso es lo que obliga ahora al magistrado de la Audiencia Nacional a delimitar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados como persona física, si las hubiera.
Otra cosa son los daños que un supuesto delito penal pueda haber causado y que se tendrían que delimitar en una responsabilidad civil subsidiaria. Esa opción no entrará en juego hasta que no se acabe con la vía penal, que es prioritaria, pero puede suponer para el banco el pago de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y políticos perjudicados.
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