El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha notificado este viernes un auto por el que decreta la apertura de fase de liquidación de la empresa matriz del grupo Abengoa al no haberse presentado ninguna propuesta de convenio antes de que concluyera el plazo fijado, según fuentes judiciales. Abengoa S.A. tenía hasta el jueves de plazo para presentar su propuesta de convenio de acreedores, una vez finalizada la moratoria concursal que se decretó por la crisis de la Covid-19, aunque pidió un aplazamiento al juez, que este viernes ha decretado la fase de liquidación.
Ello supone la disolución de la entidad, en concurso de acreedores, y el cese de los actuales administradores y su sustitución por la administración concursal. Este proceso es paralelo al preconcurso de acreedores que el consejo de administración de Abenewco 1, filial operativa de Abengoa, ha solicitado para 27 sociedades, incluida la propia Abenewco 1, tras ser rechazada su petición de rescate de 249 millones de euros por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El preconcurso da la posibilidad de contar con cuatro meses, en los que no se pueden ejecutar avales, para buscar vías que eviten que esas sociedades caigan finalmente en concurso de acreedores.
Tras finalizar hace unas semanas la fase común del concurso, quedó abierta la de convenio para llegar a un pacto con los tenedores de su deuda durante los dos próximos meses. Esta misión movilizó a la matriz del grupo, que se ha apoyado en el despacho DWF-RCD para idear una oferta ventajosa que acepten los acreedores y contara con el visto bueno del administrador concursal para así evitar la entrada en fase de liquidación. Algo que, finalmente, no ha ocurrido.
El despacho conocido como Rousaud Costas Duran hasta que en 2019 fue adquirido por el grupo internacional DWF se ha convertido en un asesor de confianza para Abengoa. Uno de sus cofundadores, Adolf Rousaud, entró en el consejo de la matriz como secretario no consejero el pasado mes de octubre, al mismo tiempo que lo hizo Clemente Fernández, el representante de los minoritarios agrupados bajo la plataforma Abengoashares. El despacho es referente en operaciones de M&A en el área mercantil (está en el top 3 de despachos más activos, según el ranking de TTR) y el pasado mes de abril anunció la apertura de sus oficinas en Sevilla, precisamente donde Abengoa tiene su cuartel general.
En vista de que el Auto no es firme y de que, bajo su criterio, "el plazo para presentar tal propuesta no ha vencido", continuará "desempeñando el mandato de sus accionistas de velar por los intereses de la entidad y su grupo, empleando máximos esfuerzos en proponer una propuesta razonable que cubra los citados intereses en juego, siendo deseable que todas las partes implicadas se unan a tal propósito, para el buen fin expuesto".
Por volumen de pasivo, el grupo Abengoa cuenta una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros. De este total, 1.200 corresponden a la matriz, que está vacía de actividad, y 2.800 a los compromisos contraídos con los bonistas, que no verán recuperada su inyección en la compañía. Se trata, por tanto, del concurso de mayor volumen tras el que tuvo lugar por la quiebra de la promotora Martínsa-Fadesa durante la crisis del ladrillo.
La matriz del grupo llevaba en concurso de acreedores desde el pasado año. Fue en febrero de 2021 cuando el consejo de administración decidió ir un paso más allá. Se había acogido al preconcurso en agosto de 2020 y un mes antes había sido suspendida de cotización. El consejo explicó que buscarían durante este proceso "alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad (Abenewco 1 y Abenewco 2) y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor", explicó la compañía en un comunicado ante el regulador bursátil.
La decisión llegó tras no poder alcanzar un acuerdo con la banca en el marco de la operación Vellocino. Se trataba del enésimo plan de viabilidad por el que la compañía trataba de salir adelante pero que se topó con la negativa del último componente necesario: la Junta de Andalucía. El Ejecutivo regional debía aportar 20 millones de euros al dinero comprometido por las entidades financieras, pero se negó en el último momento porque, según justificó, no contaba con ningún "instrumento financiero" ni tampoco "fórmula jurídica" para participar en la restructuración de la compañía.
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