Un juez federal acordó la continuación de las operaciones de una planta de Iberdrola en el estado de Nuevo León y rechazó la negativa del Gobierno mexicano a renovar el permiso para que siguiera funcionando, según confirmaron a Efe fuentes del sector. El diario Reforma publicó este martes que el juez Rodrigo de la Peza dictó que la planta de Iberdrola de Dulces Nombres debe seguir surtiendo a las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (ahora Heineken México) en Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León.
El juez alegó que la suspensión de la operación de esta planta que acordó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) afectaría a la libre competencia económica y es un cambio abrupto para el mercado eléctrico, lo que afecta al principio de confianza legítima de los inversionistas. Agregó que esta suspensión de operaciones de la planta tendría graves consecuencias. De la Peza respaldó la solicitud para que el permiso de autoabastecimiento de Iberdrola se convierta en un permiso bajo las nuevas reglas de la industria eléctrica, a lo cual se niega la CRE.
El juez enfatizó que el permiso de Iberdrola le ha permitido operar durante 20 años y que, en otros casos parecidos, se ha migrado a otra modalidad de suministro de energía. Además, advirtió de que la CRE negó el nuevo permiso debido a cuestiones administrativas, y no por razones técnicas, según el periódico. El pasado 31 de enero expiró un contrato de Iberdrola que proporcionaba electricidad a decenas de grandes empresas a través de la planta de ciclo combinado de Dulces Nombres en Nuevo León, tras una negativa de la CRE de renovar el permiso.
Este caso no es el único acontecido en los últimos meses, aunque la CRE no quiso detallar a Efe en días recientes el número exacto de no renovaciones de contratos, alegando que están "bajo proceso legal". El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca que se apruebe una reforma constitucional que limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica, eliminaría los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados. La reforma, que deberá ser aprobada por dos tercios de los legisladores, causa una enorme controversia entre empresarios y analistas.
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