Un juzgado de Panamá otorgó a la Fiscalía un año más para que amplíe la investigación a la empresa española FCC por supuestos sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en una obra vial adjudicada en la capital panameña, un caso abierto en 2017 y por el que ya hay 14 imputados.
El Ministerio Público dijo este miércoles en un mensaje en su cuenta de Twitter que por petición suya "la juez Undécima de Circuito de lo Penal acepta declarar causa compleja por un año el caso FCC". Se trata de "una investigación que se inició en abril de 2017 y en la que se ha colaborado con la Fiscalía de España en este caso de corrupción internacional", añadió el mensaje del Ministerio Público.
Por este caso, relacionado con proyectos del Plan para el Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá, ya hay imputadas 14 personas por delitos "contra la administración pública (peculado y corrupción) y blanqueo de capitales". La primera de esas imputaciones se emitió "el 29 de octubre de 2018", y una sola persona permanece en detención preventiva, ya que "los tribunales otorgaron medidas cautelares distintas" al resto de los implicados, dijo la Fiscalía en un comunicado el pasado 30 de octubre.
Entonces, explicó que se trata de la obra "Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor Vía Brasil Tramo II", en Ciudad de Panamá, "contratada con la empresa FCC, donde se concluyó con un sobreprecio de 41.761.011 dólares, que equivale a un 19,3%, suma a la que falta agregarle el dinero proveniente del pago de la coima, que superaría los 100 millones de dólares", según la Fiscalía.
La Fiscalía no ha revelado la identidad de los imputados ni de los "funcionarios y exfuncionarios" de los ministerios de "Obras Públicas, Economía y Finanzas, Contraloría General, y de entidades financieras" que dieron declaraciones bajo juramento por este caso, cuyas "investigaciones se adelantan con la coordinación de las Fiscalías Anticorrupción del Reino de España".
En la investigación adelantada desde 2017 a FCC se han logrado "grandes hallazgos" y "pruebas importantes", dijo la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, el pasado 12 de noviembre, cuando anunció su renuncia al cargo por el escándalo de las filtraciones de mensajes de WhatsApp del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), que la involucran a ella y a otros funcionarios del Estado.
"Hay un caso con delaciones, hay un caso, yo diría, que es mucho más fuerte que el tiene España" contra la constructora, afirmó la fiscal general sin dar más detalles porque es una investigación "que está bajo reglas de reserva por razones obvias". La prensa panameña informó el pasado 4 de diciembre de que en la embajada de Panamá en España se celebró una audiencia para homologar un acuerdo de colaboración entre un exdirectivo de FCC y el Ministerio Público panameño, en el marco de la investigación iniciada en 2017.
Las fuentes periodísticas no revelaron la identidad del exejecutivo de FCC, pero señalaron que en la diligencia la Fiscalía Anticorrupción obtuvo testimonios sobre el manejo de los contratos obtenidos en Panamá. El pasado 22 de noviembre FCC hizo su primera declaración ante la Audiencia Nacional de España, en la que explicó detalles sobre el pago, a través de facturas simuladas que la compañía denunció ante la Fiscalía española, de 82 millones de dólares en comisiones para contratos públicos en Panamá y por las que está siendo investigada por corrupción y blanqueo.
De acuerdo con la información española, a finales del pasado mayo FCC presentó dos escritos ante la Fiscalía en los que denunciaba los acuerdos comerciales suscritos por sus filiales con un entramado de sociedades del abogado español panameño Mauricio Cort, señalado como un supuesto testaferro del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
Esta estrategia "encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los Gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua", cita textualmente el auto de imputación español.
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