El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por Abengoa contra el auto del 1 de julio por el que se declaró la disolución de su matriz, con lo que se confirma el proceso de liquidación de la compañía. El juzgado de lo Mercantil de Sevilla había decretado en un auto la apertura de fase de liquidación de la empresa matriz del grupo Abengoa al no haberse presentado ninguna propuesta de convenio antes de que concluyera el plazo fijado, según fuentes judiciales.
El Consejo de Administración de la compañía presentó recurso de reposición contra esta decisión, que suponía el cese de los hasta entonces administradores y su sustitución por la administración concursal. El Tribunal considera ahora que el auto de 1 de julio es "plenamente ajustado a derecho" y recuerda en su escrito que contra esta decisión no cabe nuevo recurso. Este proceso es paralelo al preconcurso de acreedores que el consejo de administración de Abenewco 1, filial operativa de Abengoa, ha solicitado para 27 sociedades, incluida la propia Abenewco 1, tras ser rechazada su petición de rescate de 249 millones de euros por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
Por volumen de pasivo, el grupo Abengoa cuenta una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros. De este total, 1.200 corresponden a la matriz, que está vacía de actividad, y 2.800 a los compromisos contraídos con los bonistas, que no verán recuperada su inyección en la compañía. Se trata, por tanto, del concurso de mayor volumen tras el que tuvo lugar por la quiebra de la promotora Martínsa-Fadesa durante la crisis del ladrillo. El preconcurso da la posibilidad de contar con cuatro meses, en los que no se pueden ejecutar avales, para buscar vías que eviten que esas sociedades caigan finalmente en concurso de acreedores.
La decisión llegó tras no poder alcanzar un acuerdo con la banca en el marco de la operación Vellocino. Se trataba del enésimo plan de viabilidad por el que la compañía trataba de salir adelante, pero que se topó con la negativa del último componente necesario: la Junta de Andalucía. El Ejecutivo regional debía aportar 20 millones de euros al dinero comprometido por las entidades financieras, pero se negó en el último momento porque, según justificó, no contaba con ningún "instrumento financiero" ni tampoco "fórmula jurídica" para participar en la restructuración de la compañía.
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