Andrea Orcel rompe su efímero noviazgo con Banco Santander más que satisfecho. El banquero italiano ha salido victorioso de uno de los juicios bancarios de mayor polémica y foco mediático. El Juzgado de Primera Instancia Número 46 de Madrid ha concluido que existía un contrato detrás de la comunicación al mercado a finales de 2018 con el nombramiento del ejecutivo procedente de UBS como consejero delegado de la entidad cántabra, que posteriormente sería roto de manera unilateral y sin causa.
La "validez y perfección" del documento contractual pone entre las cuerdas al grupo que preside Ana Botín, pues le costará 67,8 millones de euros haber dado marcha atrás en el fichaje al considerar inaceptable el bonus en diferido que Orcel tenía pendiente de cobrar en UBS de unos 50 millones de euros. Una de las claves que señala el juez es que la decisión de no seguir adelante reportó al banquero italiano una considerable "frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito".
El juez Javier Sánchez Beltrán tiene claro que la carta-oferta era un contrato, pese a los condicionantes establecidos, y cree que Orcel hizo todo lo posible para que UBS cediera y pagara, al menos, la mitad del bonus en diferido pendiente, aunque no lo consiguiera. En la sentencia de 24 páginas, consultada por la La Información, el juez desgrana todos los mensajes intercambiados entre Botín y el banquero en el que el segundo le trasladaba conversaciones mantenidas con los directivos suizos: "Ana, el consejo ha discutido el tema (...) Te digo cuando sepa algo más"; o "No se mueve. Dice que nada de nada. Te llamo en dos minutos".
También consta un WhatsApp en el que Orcel explica a Botín los argumentos con los que trataba de convencer a UBS: "Banco Santander siempre ha ido de la mano de UBS, entre los cuales no existe competencia". Este comportamiento, a su parecer, era incongruente con esa relación, por lo que creía que debía existir un mínimo de acuerdo de al menos 50%-50% y no 0%-100%. Los testigos suizos Axel Weber y Mark Shelton también corroboraron la avalancha de mensajes y correos recibidos por el italiano, pero el banco de inversión se negó rotundamente a hacerse cargo de ese incentivo a largo plazo. "Los mejores esfuerzos por parte de Orcel se consideran fuera de toda duda, pero no se puede olvidar que, en el ámbito contractual, sobre todo cuando se manejan cantidades tan elevadas, por mucha persuasión o expectativa que se tenga, ello no garantiza el resultado pretendido", recoge el fallo.
Banco Santander ha rechazado en todo momento tener que indemnizar a Orcel convencido de que no existió ningún contrato efectivo y, de hecho, mantiene su total desacuerdo con la resolución del juez. No quiere renunciar a cerrar el caso en estas condiciones y lo elevará a la Audiencia Provincial mediante la interposición de un recurso de apelación. El banco incluso ha invocado al consejo de administración, asegurando que el órgano de gestión confía en que terminará por ganar el conflicto con el argumento de que así ha ocurrido ya en las dos querellas penales planteadas en los tribunales en relación con este asunto.
Mientras tanto, la decisión del juzgado de Primera Instancia es que tiene que indemnizar al demandante con 17 millones de euros en concepto de bonus de incorporación; otros 35 millones de euros, en asunción de incentivos a largo plazo; con 5,8 millones de euros euros, por dos anualidades del salario en los que Orcel estuvo "en paro", lo que está recogido en la cláusula 'retribución objetivo anual', y con 10 millones de euros, en concepto de daños morales y reputacionales.
Banco Santander tenía apartadas unas provisiones de 4.878 millones de euros para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes con fecha del pasado 30 de junio de 2021, últimas cifras disponibles, lo que reflejaba un importe superior en 453 millones de euros al de apenas seis meses atrás. El mayor incremento llegó de las dotaciones para compensación a clientes (customer remediation) y para la reestructuración. En el último informe financiero intermedio no aclara si una parte correspondía a este proceso que le enfrentaba con Orcel y solamente daba cuenta del transcurso del caso.
Los 10 millones de euros por daños morales ha sido desde un principio uno de los importes más cuestionados debido a que la situación profesional de Orcel ha cambiado radicalmente desde que la 'pelea' judicial dio comienzo. El banquero italiano lamentaba haberse quedado desempleado y alegaba también un impacto reputacional e incluso familiar. En cualquier caso, fue nombrado en abril de este año como consejero delegado de Unicredit, uno de los mayores bancos de todo el Viejo Continente.
El propio Sánchez Beltrán reconoce en su escrito final la complejidad de este punto por su subjetividad, pero sobre todo entiende que es difícil calcular la cuantía del resarcimiento "compensatorio o paliativo, y no lucrativo", que merece. Pues bien, teniendo en cuenta "el prestigio y la formación del Sr. Orcel", que eran sumamente considerados en el ámbito bancario, a las elevadas expectativas que había albergado en incorporarse al Banco Santander como CEO del mismo, incluso dando a conocer públicamente su nombramiento como tal, entiende que la decisión en contra de su fichaje afectó a sus parcelas más íntimas, hasta el punto de perder "cierta credibilidad" en la esfera financiera. "Le reportó una considerable frustración, desasosiego, incertidumbre y un cierto descrédito, por lo que la situación creada por la entidad produjo un evidente daño moral", reza el fallo, que da por adecuada y no excesiva la cantidad reclamada por este concepto.
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