El de este miércoles será el tercer intento en poner fin a la disputa fraguada a principios de 2019 por el fichaje fallido del banquero italiano como consejero delegado de Banco Santander. Problemas de agenda de los letrados y un caso de contagio de coronavirus fueron los motivos que estuvieron detrás de los retrasos anteriores, pero el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid por fin acogerá a primera hora de esta mañana el juicio oral por el que Andrea Orcel pretende percibir de la entidad cántabra una indemnización millonaria, aunque hasta los primeros compases de la sesión puede ocurrir cualquier cosa.
Durante las últimas horas, los abogados del despacho De Carlos Remón, que preparan la defensa de Orcel, y los del bufete de Uría Menéndez, que hacen lo propio con la de Banco Santander, han estrechado contactos como es habitual en este tipo de procedimientos por si se encontrara la forma de lograr un pacto extrajudicial. El caso, que se inició porque la entidad entendía que era inasumible hacer frente al coste del bonus que el italiano dejaría de cobrar en la entidad suiza, se reanuda ahora, justo en un contexto en el que los sueldos de los banqueros han generado un importante protagonismo y una intensa polémica en los medios políticas.
La reclamación inicial de 112 millones se ha rebajado ahora a 76 millones pero la compensación final no parece que vaya a superar la cifra de los 35 millones
El reavivado debate sobre las remuneraciones de los primeros espadas de las entidades financieras, primero de la mano de los sindicatos como argumento en contra por los anuncios de varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en el sector y después por el propio Gobierno que los considera inaceptables, supone una lanza a favor de Banco Santander. El grupo dio marcha atrás en su nombramiento hace ya dos años y fue entonces cuando Orcel decidió iniciar una demanda civil ante los juzgados, pidiendo inicialmente 112 millones de euros como compensación económica, fundamentalmente por los posibles daños reputaciones y a su carrera que esta decisión le pudiera acarrear en su vida laboral.
El problema es que la situación de Orcel ha cambiado y su defensa ha ido perdiendo consistencia. Uno de sus principales argumentos era que había dejado su trabajo en UBS y que debía ir al paro, pero hace apenas un mes ha sido nombrado consejero delegado del banco italiano Unicredit, uno de los mayores grupos financieros europeos. Por ello, la indemnización que solicitaba al inicio inevitablemente debe ser rebajada porque su argumentario principal descalifica la propia demanda.
El argumentario que fundamenta la petición de Orcel descalifica la propia demanda después de que el banquero italiano haya fichado por Unicredit
En cualquier caso, Banco Santander deberá resarcir al banquero italiano, pero la idea es conseguir que tienda la mano y que el importe final solicitado sea el menor posible. La cifra que pidió en un primer momento es ahora absolutamente desorbitada, aunque es posible que Orcel ya haya rebajado su expectativas al entender que las circunstancias son diferentes a las planteadas en la demanda original y que su figura no se ha visto en ningún momento afectada como él podía esperar. Fuentes cercanas al máximo ejecutivo de Unicredit señalan que la reclamación económica se sitúa ahora en 76 millones de euros. En medios financieros españoles replican que la eventual indemnización no superará los 35 millones de euros. Este parece ser el listón máximo sobre el que se podría arbitrar un acuerdo que las dos partes necesitan para que el litigio no se adentre en una especie de bucle interminable; una situación que no interesa a nadie.
La entidad con sede en Boadilla del Monte siempre ha defendido que la decisión se tomó pensando de buena fe en el mejor interés del banco y de sus accionistas y que el nombramiento ni siquiera estaba sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas porque el órgano de administración decidió no continuar antes de que llegara la cita, y ni la idoneidad de su perfil había sido evaluado por el Banco Central Europeo (BCE).
Otra de las tesis de Orcel es que el banco le había enviado un contrato vinculante, mientras que la entidad esgrime que ese documento no se materializó y que solamente se trataba de una una carta-oferta. Igualmente, el banco argumenta que las negociaciones sobre los elementos del potencial acuerdo se empezaron a torcer cuando se enteraron de que UBS no quería asumir el pago de las retribuciones diferidas sobre los que el banquero daba a entender que desde Suiza se harían cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía.
Esta 'guerra' judicial es previsible que no se alargue más de una sesión y finalice después de que este miércoles se vean las caras Andrea Orcel y Ana Botín. También acudirá el que fuera jefe de recursos humanos en la entidad en ese momento, Roberto di Bernardini, a petición del demandante, así como el secretario general y del consejo, Jaime Pérez Renovales. Por su parte, el presidente de UBS, Axel Weber, y el jefe de recompensas del banco suizo, Mark Shelton, no testificarán tras haber presentado informes médicos para no desplazarse a Madrid por la pandemia y sus alegaciones han sido aceptadas.
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