Ana Botín y Andrea Orcel tardarán en verse las caras en los tribunales. El proceso judicial va para largo y no será hasta la próxima primavera cuando se celebrará la audiencia previa del juicio, una sesión a la que solo acudirán los representantes legales de ambas partes a fin de exponer sus diferentes versiones sobre el controvertido y frustrado fichaje del directivo italiano como consejero delegado del Banco Santander.
En concreto, según fuentes jurídicas, la fecha señalada para celebrar la vista de audiencia previa es el próximo 13 de abril, Lunes de Pascua, primer día laborable en la Comunidad de Madrid después de la Semana Santa. Será entonces cuando Javier Sánchez Beltrán, titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, examinará las cuestiones procesales, fijará el objeto del proceso y admitirá o rechazará las pruebas de ambas partes.
La vista oral, es decir, el juicio propiamente dicho, de celebrarse, tendrá lugar más adelante y al mismo podría tener que acudir a declarar Ana Botín, presidenta del Banco Santander, lo que daría lugar a un nuevo cara a cara con Orcel después de que la entidad cancelase su fichaje como número dos del mayor banco de España y de la zona euro durante el pasado mes de enero.
Y es que el banquero de inversión italiano insinuó en un comunicado emitido a finales de julio que solicitaría un interrogatorio a Botín, así como a otros directivos de la entidad involucrados en su fichaje, para acreditar en sede judicial "su efectiva contratación" como consejero delegado del grupo cántabro.
La entidad, en cambio, niega este último extremo, ya que defiende que el contrato no quedó "perfeccionado" al estar pendiente de la negociación sobre la compensación de Orcel (buyout). Además, según dice el banco, el nombramiento estaba sujeto al cumplimiento de una "exigencia legal indeclinable" como es su aprobación por parte de la junta general de accionistas del grupo.
Si el juez no atiende a la exigencia principal de Orcel, que ha demandado a Santander por incumplimiento del contrato, el directivo solicita, de forma subsidiaria, una indemnización de hasta 112 millones de euros. La sentencia, en cualquier caso, no se espera antes del verano de 2020, lo que expone a la entidad financiera y a sus directivos al daño reputacional que genera un proceso judicial tan mediático como este y en el que todo apunta a que ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo.
Incredulidad en el sector financiero
De hecho, la filtración del contenido de las conversaciones con Ana Botín y otros representantes de Banco Santander que grabó Orcel una vez se cancela su fichaje, publicadas por 'El Confidencial', ponen en entredicho el buen gobierno corporativo en el seno del grupo cántabro, pues la presidenta habría ofrecido al directivo italiano la presidencia de empresas cotizadas, en referencia a Merlín o Metrovacesa, para compensarle, entre otras opciones.
Banco Santander considera que grabar conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores es una práctica de "dudosa calidad ética y moral" para alguien que pretendía desempeñar el puesto de CEO. No obstante, en el sector financiero español hay quienes no entienden cómo, una vez roto el fichaje, Santander no se comunicó con Orcel a través de sus representantes legales.
Sea como fuere, la entidad financiera ha defendido desde el primer momento que canceló el fichaje de Orcel porque los costes del mismo superaron sus previsiones y asegura que el procedimiento siguió un "sólido proceso de gobierno corporativo". Para demostrarlo, ha aportado al juzgado una serie de documentos entre los que se encuentran las actas de las comisiones de nombramientos y de los consejos de administración en los que se debatió el nombramiento.
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