Un 6,5% de votos en contra

Los accionistas apuntan a los sueldos de la cúpula de BBVA... y el Ibex se tensa

  • Pese a ello, la particularidad del momento en estado de alarma dificulta la oposición masiva de accionistas minoritarios en juntas a puerta cerrada
Junta de accionistas de BBVA
Junta de accionistas de BBVA
EFE

La junta de accionistas de BBVA dio el pistoletazo de salida a una temporada que se espera, cuanto menos, diferente a todas las anteriores como consecuencia de la crisis del coronavirus y la declaración de estado de alarma que se llevó a cabo la semana pasada. En cambio, hay algunos detalles que transcurrieron de acuerdo con lo previsto. Es el caso de los votos en contra de la política y el informe de retribuciones de la entidad bancaria que preside Carlos Torres.

El asesor de voto español -el 'proxy advisor' Corporance, Grupo EGCS- había recomendado a los accionistas que votasen en contra del punto seis del orden del día de la citada reunión, en el que se consultaba sobre la aprobación del informe anual de remuneraciones de los consejeros de BBVA. De acuerdo con la información que facilitó en su momento la propia entidad, un 6,5% de los votos emitidos no fueron a favor de dicha documentación, es decir, votaron en contra o se abstuvieron.

Esta cifra es más de tres puntos superior a la registrada un año antes en la misma votación, cuando se alcanzó la luz verde del 96,7% de los derechos de voto. El 'proxy' español fue especialmente certero en su informe sobre los acuerdos a aprobar o consultar en junta, sobre todo en los puntos que tenían que ver con las retribuciones del consejo. El asesor señalaba que la remuneración fija del CEO y del presidente del banco, Onur Genç y Carlos Torres respectivamente, se encuentra "muy por encima" de la mediana de 1,3 millones en los bancos europeos y de 1,2 millones de euros en las grandes empresas españolas.

Pero el voto en contra de las políticas de remuneraciones de este tipo no es algo que sea exclusivo de BBVA. Los grandes asesores de voto llevan con la mirada puesta en estos puntos bastante tiempo y han reforzado sus análisis de cara a la temporada de juntas que acaba de comenzar. En concreto, la política de remuneraciones de los consejeros ejecutivos es objeto de especial atención por parte de ISS, el principal asesor de voto, instando a finales del pasado ejercicio a las compañías a modificar el término de ‘Severance pay agreement’ por el de ‘Termination payments’ con el fin de integrar las cláusulas de no competencia incluidas en los contratos y que aumentan de forma exponencial las cuantías definitivas que ingresan muchos ejecutivos.

De igual manera, ISS también instaba en ese momento a las comisiones de remuneraciones de las diferentes compañías para que incluyan a la hora de determinar los resultados de la retribución los ESG, es decir, los asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Más allá de esto, también están en el foco aquellas compañías cuyo primer ejecutivo aúna los puestos de CEO y presidente ejecutivo al mismo tiempo. Y es que los 'proxys' tienen como objetivo prioritario salvaguardar el buen gobierno en las cotizadas favoreciendo la separación de poderes. 

Estas figuras de los asesores de voto están cobrando cada vez más importancia e influyen en la opinión de, sobre todo, accionistas minoritarios que lo reflejan con su voto. Para ejemplo, el caso de BBVA. Es precisamente por ello por lo que el nuevo anteproyecto de ley de implicación de accionistas a largo plazo en sociedades de capital que fue aprobado por el consejo de ministros hace apenas unas semanas, justo antes de que el coronavirus cambiase nuestro día a día, los va a regular.  Dicha normativa en ciernes tiene, no obstante, una seria laguna ya que sólo está orientada a los 'proxy' con domicilio u oficina en España. Dicho de otro modo, los asesores de voto extranjeros seguirán actuando fuera de todo control.

El anteproyecto al que ha tenido acceso La Información señala que "su regulación podría realizarse a través de la modificación de diversas leyes". Sin embargo, señalan que parece más apropiado hacerlo a través de la Ley del Mercado de Valores, ya que las obligaciones que se les imponen son de transparencia y no afectan al contrato de la sociedad. Además, la información de la que se sirven para elaborar sus recomendaciones es la información periódica regulada en la normativa bursátil.

Pese a todo ello, no hay que perder de vista el momento en el que nos encontramos, con el estado de alarma vigente desde hace más de una semana y el país paralizado casi por completo, lo que ha hecho que las juntas como las conocíamos tradicionalmente pasen a ser a puerta cerrada y seguidas a través de un ordenador. Bankia, Sabadell, Iberdrola... varias compañías ya han tomado la determinación de celebrarlas así y la particularidad de esta etapa puede hacer que las intervenciones de estos asesores caigan en saco roto debido a que los accionistas podrían delegar su voto directamente en el consejo.

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