Una juez de Nueva York (EE.UU.) condenó este viernes al Estado argentino por la decisión en 2012 de expropiar a la española Repsol el 51% de las acciones en YPF, sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la petrolera. La juez Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, halló responsable al Estado argentino pero no a la propia YPF, que también había sido demandada en este juicio.
"El Tribunal determina que los demandantes han demostrado que no hay duda en cuanto al primer elemento de su reclamación por incumplimiento de contrato, que existe un contrato que los demandantes tienen derecho a hacer cumplir contra la República", indica el fallo, al que tuvo acceso EFE. Los querellantes solicitaban en este juicio una compensación millonaria por presuntos daños, pero la juez no ha precisado en su fallo de este viernes la cuantía que debería pagar el Estado argentino.
Según consta en los estados financieros de 2022 de YPF, la firma Burford y el fondo Eaton reclaman daños totales por 15.900 millones de dólares, de los que 8.400 millones se engloban en daños directos y 7.500 millones en reclamos accesorios e intereses calculados hasta el 24 de septiembre de 2021. El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital, una firma que financia litigios, impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Una sentencia "positiva" para la petrolera
Los demandantes alegan que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol. En su caso, el Gobierno argentino, que tiene la posibilidad de apelar, aún no se ha pronunciado sobre el fallo de la juez Preska. Por su parte, fuentes de YPF consultadas por EFE señalaron que la sentencia es "positiva" para la petrolera porque la juez reconoce que la compañía no tuvo responsabilidad y no es garante del Estado argentino, por lo que sus "activos están fuera de riesgo".
Argentina e YPF han argumentado durante el proceso judicial que la ley aprobada por el Parlamento en 2012, por el entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51% de YPF, le impedía al Estado adquirir acciones adicionales. Además han objetado la legitimidad de la jurisdicción estadounidense para llevar adelante este caso. Los demandantes se acogieron a las normas de protección a inversores imperantes en Nueva York, dado que YPF cotiza sus acciones en esta plaza, además de Buenos Aires.
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