La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción de Salamanca contra la autorización concedida en 2015 por la Secretaria de Estado de Energía a Berkeley Minera España para iniciar el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Ecologistas en Acción recurrirá la sentencia.
La sentencia de la Audiencia declara la "inadmisibilidad parcial" del recurso porque las pretensiones de la demanda, que entre otras cosas cuestionaba la declaración de impacto ambiental del proyecto "desbordan claramente el objeto del recurso". La decisión de la Audiencia supone un espaldarazo al polémico proyecto de la compañía australiana, que el Gobierno -en funciones- de Pedro Sánchez no ve con buenos ojos.
La Audiencia reprocha a los recurrentes que se limiten "a cuestionar la idoneidad del emplazamiento (de la mina de uranio) mediante meros juicios de valor, pero sin aportar una mínima justificación técnica" en el proceso. Y menciona como punto a favor de Berkeley el informe que aprobó el Consejo de Seguridad Nuclear en julio de 2013, cuando el organismo estaba presidido por Fernando Marti (PP).
Equo y Ecologistas en Acción interpusieron el recurso en 2016. Cuestionaban la autorización previa de instalación que concedió el Ministerio de Industria al proyecto el 17 de septiembre de 2015. Entonces estaban al frente del departamento José Manuel Soria (PP) como ministro y Alberto Nadal como secretario de Estado de Energía.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), renovado en marzo, sigue evaluando la solicitud de Berkeley para construir la planta de procesado del uranio. Teóricamente, el informe debería estar concluido antes de fin de año. Pero no hay fecha concreta prevista para tomar la decisión, según precisan fuentes del organismo.
El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde hace un año en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado en los últimos años.
La situación de Berkeley tras diez años de polémica es incierta. La propia empresa lo admite. En el prospecto de salida a Bolsa en junio de 2018, advirtió de que su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar, y sin los cuales no podrá extraer el uranio de la mina salmantina. Berkeley asegura que su proyecto en Salamanca es rentable, hasta el punto de "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa".
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