La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea Plus Ultra y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite, en el plazo de cinco días, que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores.
La juez afirma en un auto notificado este jueves que "la existencia de este procedimiento penal" justifica la suspensión de la entrega prevista para el próximo miércoles sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega, "con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos".
En este sentido, la instructora entiende que cabe adoptar esta medida cautelar porque continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto sin que las partes justifiquen la importancia de dicha entrega para la viabilidad de la empresa, supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior". Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la Covid-19 ha puesto en una situación difícil.
La suspensión llega después de que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, pusiera en conocimiento del juzgado, el pasado 14 de julio que "el próximo 28 de julio de 2021, en torno a las 10.00 horas, se procederá a cumplir con la obligación de desembolso del préstamo participativo, salvo que con anterioridad se haya recibido orden en contrario”. Ante esta comunicación, la juez Esperanza Collazos, dio traslado a las partes personadas en el procedimiento para que informaran sobre si procedía autorizar dicho desembolso o, al contrario, se debe suspender cautelarmente el pago.
Principio de prudencia
Fuentes cercanas a la SEPI han explicado que el organismo comunicó su intención de abonar a Plus Ultra el préstamo participativo de 34 millones de euros por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial. Además de dirigirse al juzgado, la SEPI solicitó un informe a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, así como a la abogacía del Estado. Deloitte concluyó que no existe impedimento legal alguno para abonar a la compañía aérea la cantidad pendiente, en tanto que la abogacía del Estado advirtió de que sin este desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea y recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.
Asimismo, prosiguen las mismas fuentes, la SEPI envió un informe elaborado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia con destino al Tribunal de Cuentas a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos, que el pasado 15 de junio se dirigió al tribunal para que analizara si había indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea. El documento, que incluye el expediente y el proceso que se siguió para contratar a los asesores legal y financiero y elegir la oferta económica más ventajosa entre firmas profesionales de primer nivel, indica que de los 10.000 millones de euros con que está dotado el Fondo, más del 50% (5.400 millones) están todavía sin solicitar. Parte de los 4.600 restantes han sido pedidos por seis compañías aéreas, añade el documento.
En poder del juzgado obra también un informe de la Intervención General del Estado que constata que la concesión de la ayuda a Plus Ultra no ha supuesto perjuicio o menoscabo contable alguno. Ahora el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.
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